Mientras se acerca a pasos acelerados la reversión de la antigua zona estadounidense del canal de Panamá, el gobierno local todavía no ha concretado un plan para el uso civil de los bienes que recibirá de Washington antes de diciembre de 1999.
Las inversiones en el área canalera y la privatización de empresas públicas constituyen la parte medular del plan de "modernización" del Estado implementado por el presidente Ernesto Pérez Balladares.
Hasta ahora sólo existen proyectos para la construcción de un puerto de contenedores y una zona procesadora en el litoral Atlántico, así como un parque de almacenamiento de combustible y una ciudad universitaria internacional en el sector del Pacífico.
Sin embargo, estos proyectos aparecen en forma aislada del prometido "plan maestro" para desarrollar el área del canal, que – según el jefe de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Nicolás Ardito Barletta- podría generar ingresos por 1.500 millones de dólares anuales para la economía local.
Desde el 1 de octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados canaleros firmados en 1977, Estados Unidos ha entregado a Panamá 1.120 edificios y viviendas, así como 8.268 hectáreas de terrenos, dos puertos de aguas profundas, dos aeropuertos, un ferrocarril y otras infraestructuras.
Excepto las viviendas y los puertos de Balboa y Cristóbal, la mayor parte de esas tierras y edificios -incluídos los dos aeropuertos y una antigua factoría militar- se han mantenido ociosas o en uso parcial.
En tanto que el ferrocarril transístmico, que une los dos puntos terminales del canal en el Atlántico y el Pacífico, se encuentra en un estado tal de deterioro que requeriría de una inversión cercana a los 400 millones de dólares para poder operar con eficiencia, según los expertos.
Antes del 31 de diciembre de 1999, cuando prescriben los tratados, está previsto que Panamá reciba de Washington otros 4.272 edificios y 31.175 hectáreas, donde radican actualmente cinco bases militares estadounidenses.
El economista José Galán, quien a finales de marzo concluyó un estudio sobre el potencial uso civil de esos bienes, indicó a IPS que las áreas revertidas del canal "no van a resolver todos los problemas económicos del país".
A su juicio, recién para dentro de 25 o 30 años comenzarán a rendir dividendos económicos las infraestructuras militares, tierras y otros bienes que revierta Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1999.
Galán prevé que el retiro de los alrededor de 8.000 militares estadounidenses que permanecen en Panamá representa una pérdida de ingresos de 179,2 millones de dólares anuales para la economía local a partir del 1 de enero del año 2000.
El uso civil de las actuales instalaciones militares de Estados Unidos podría a su vez generar ingresos por unos 132 millones de dólares anuales al final del primer quinquenio del próximo siglo, y unos 205,9 millones de dólares anuales al entrar en el tercer quinquenio, señaló Galán.
A pesar de ello, el economista advirtió que el uso militar de esos bienes "no es el más beneficioso para el país".
El presidente de Estados Unidos Bill Clinton pidió a Panamá negociar la permanencia de un contingente militar de su país en el área del canal, luego que prescriban los tratados, para que se encargue de prevenir el tráfico de drogas y realizar tareas de salvamento en la región.
Sin embargo, la anticipada negativa del Departamento de Estado de Estados Unidos a pagar una renta por el uso de dichas bases y la resistencia interna a la permanencia de tropas extranjeras en Panamá después de 1999 dejaron en suspenso las negociaciones.
Galán advirtió que si se implementa un buen plan de uso civil para el año 2020 las áreas revertidas podrían generar ingresos cercanos a los 400 millones de dólares al año y empleos para unos 72.000 panameños.
Adicional a esa suma, la economía panameña recibiría unos 600 millones de dólares por concepto de los peajes que pagan los barcos por transitar por la vía interoceánica y otros servicios complementarios que se brindan a la marina mercante mundial. (FIN/IPS/sh/dg/ip-if/96).
