La aceptación popular a la permanencia de bases militares de Estados Unidos en Panamá cuando proscriban los tratados del canal en diciembre de 1999, bajó de 72 a 49 por ciento desde mediados de 1995.
Una encuesta realizada por la empresa internacional Ditcher y Neira para el diario La Prensa de Panamá, indicó que 48,9 de los panameños consultados se mostró de acuerdo con la permanencia de las bases estadounidenses y 43,4 en contra.
Otras encuestas realizadas por Dichter y Neira y la empresa Gallup a mediados de 1995 mostraron que 72 por ciento de los panameños estaban de acuerdo con las bases y que sólo 24 por ciento las rechazaba.
Los que optaron ahora por la negativa o la duda fundamentaron sus opiniones en la decisión de Estados Unidos de no pagar nada a Panamá por el uso de las bases.
En septiembre de 1995, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pidió al mandatario panameño Ernesto Pérez Balladares que explorara la posibilidad de mantener dos o tres bases en el área del canal luego de 1999 para controlar el tráfico de drogas por el istmo y realizar tareas de salvamento en la región.
Según los tratados canaleros finrmados por los dos países en 1977, Estados Unidos debe cesar su presencia militar en el canal y traspasar sus actuales bases a la juridicción panameña el 31 de diciembre de 1999.
Panamá aceptó en principio realizar las "conversaciones exploratorias" siempre y cuando Estados Unidos conviniera en pagar un monto equivalente a lo que prodría recibir el país por el uso civil de las tierras e intraestructuras que planea utilizar Washington para fines militares.
Pérez Balladares justificó su anuencia a esa posibilidad en virtud de la alta proporción de panameños que se mostraban de acuerdo en aquella época con la permanencia de las bases de Estados Unidos, para no perder los 300 millones de dólares anuales que vierten las bases a la economía local.
Sin embargo, la posterior negativa de los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos a pagar suma alguna por las bases, así como la oposición de algunos sectores internos del gobierno panameño, pospusieron indefinidamente las posibles "conversaciones exploratorias".
A esto se sumó que Washington aspira a que sea Panamá quien tome la iniciativa de pedir la permanencia de las bases, según indicó recientemente el secretario de Defensa de Estados Unidos, William Perry.
El periódico Tropic Times, editado por el Comando Sur del ejército estadounidense acantonado en el área del canal, señaló el pasado fin de semana que Perry advirtió durante una reciente visita a Panamá que le corresponde a este páis decidir si las bases se quedan.
"Nosotros nos estamos preparando para cumplir con los tratados que nos exigen retirarnos en 1999. Pero si el gobierno panameño y su pueblo quieren que nos quedemos, eso sería un tema que podríamos debatir con ellos", dijo Perry, según la versión del Tropic Times.
También aclaró que "ninguna de las bases que existen en Panamá son necesarias para la defensa de Estados Unidos".
Con la retirada de los alrededor de 8.600 militares estadounidenses que aún permanecen en el área canalera, Panamá recibiría cerca de 32.000 hectáreas de tierras y varias obras de infraestructura, las cuales -junto con el canal- han sido evaluadas por expertos locales en 32.000 millones de dólares.
Funcionarios vinculados con la administración de los bienes que han revertido a Panamá en función de los tratados de 1977, estiman que el uso civil de las actuales bases militares podrían generar ingresos por 1.500 millones de dólares al año y proveer empleos para 150.000 panameños. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96)
