El cruce de acusaciones entre la oposición y el régimen militar de Nigeria se incrementó ante la presencia de una misión designada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar graves denuncias de violación de los derechos humanos.
El Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) aseguró que, en vísperas de este lunes, cuando se produjo el arribo de los representantes de la ONU al estado de Rivers, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 19 personas en ese distrito.
Pero las autoridades militares de Rivers, hogar de 500.000 ogoni, rechazaron la denuncia y, a su vez, acusaron al MOSOP y a grupos por la democracia de preparar distubios en ese estado, que se halla en el delta sudoriental, un área rica en petróleo.
Los delegados del ONU tienen el cometido de investigar la ejecución de nueve defensores de los derechos de la minoría ogoni y la marcha del programa gubernamental de democratización
Los activistas intentarían con su supuesto plan de denuncias y desórdenes desacreditar el gobierno del estado, según el comunicado oficial.
Pero en contradicción con la versión oficial, el vicepresidente de MOSOP, Ledum Mitee, pidió a los ogoni que "se limiten a sus actividades cotidianas o permanezcan en su hogar mientras dure la visita de la comisión de la ONU".
Mitee, quien también solicitó la protección del equipo de la ONU, dijo haber recibido amenazas de las fuerzas de seguridad y que la presencia de esos delegados en Rivers representa riesgos para la comunidad ogoni y para él mismo.
El MOSOP demanda la autonomía de Ogonilandia y compensaciones a los ogoni por la destrucción del ambiente causada en 30 años por las compañías petroleras que operan en la región.
Según grupos humanitarios, las tropas que custodian las instalaciones petroleras de Rivers han respondido con la violencia a protestas de los ogoni.
El gobierno detuvo en 1994 a nueve dirigentes del MOSOP a causa de la muerte de cuatro jefes ogoni, que fueron asesinados por una turba.
Llevados ocho meses después ante un tribunal militar, los nueve acusados fueron sentenciados a muerte y ahorcados en noviembre de 1995. Entre ellos se contaba el escritor Ken Saro-Wiwa, presidente del MOSOP.
El caso provocó una enérgica reacción internacional contra el régimen militar del general Sani Abacha. La comunidad mundial denunció la ilegitimidad del proceso judicial y aplicó sanciones a Nigeria.
La misión de la ONU, que fue invitada por el gobierno de Abacha, se encuentra en el país desde principios de este mes y ya ha visitado cuatro ciudades del norte, este y oeste del país y dialogado con grupos por la democracia y dirigentes políticos y sindicales.
El jefe del equipo, Koffi Amega, un ex ministro de Togo, informó este fin de semana haber recibido finalmente autorización del gobierno para visitar a Moshood Abiola, el encarcelado vencedor en las anuladas elecciones presidenciales de 1993, y a los acusados de una supuesta tentativa de golpe en 1995.
La semana última fueron detenidos el abogado Bola Ige y el médico Fredrick Fasheun, dos dirigentes del movimiento por la democracia, cuando aguardaban en el vestíbulo del Hotel Sheraton al equipo de Amega.
El gobierno desautorizó públicamente el arresto de Ige y Fasheun, que fueron interrogados por la policía y luego puestos en libertad.
Tras lograr finalmente conversar con los delegados de la ONU, Ige dijo que "algunos embusteros dijeron a la policía que habíamos reunido a una multitud parra provocar desórdenes en el Sheraton."
Los grupos por la democracia intentan exponer a los representantes de la ONU su discrepancia con el programa de democratización lanzado por el régimen militar, que supuestamente cuulminará en l998 con la elección de un gobierno civil.
La Coalición Democrática Nacional, el principal grupo de oposición, exige reducir a un año el plazo para el comienzo de la transición y la liberación de todos los prisioneros políticos.
Mientras, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDHR) demanda la dimisión dentro de un mes del régimen de facto para dar paso a un gobierno de unidad nacional encabezado por Abiola.
El CDHR aseguró a la misión internacional que 100 personas fueron asesinadas por los militares hasta fines de marzo y en los primeros tres meses de este año se produjeron 147 detenciones arbitrarias en cuatro estados del país. (FIN/IPS/tra- en/ro/oa/ff/hd/96).
