La población de Lituania preferiría que la pena de muerte se mantenga en vigor, según las encuestas, pero el gobierno del país báltico prevé la próxima suspensión de las sentencias y, eventualmente, la abolición definitiva del castigo.
El presidente de Lituania, Algirdas Brazauskas, no emitió información oficial al respecto, pero fuentes allegadas al mandatario afirmaron que el Ministerio de Justicia ya preparó un proyecto de ley que será presentada al parlamento en breve.
Si la ley resulta aprobada, las ejecuciones de la pena capital se suspenderían hasta la adopción de un nuevo código penal.
El grupo humanitario Amnistía Internacional desarrolló una larga campaña contra la pena de muerte a través de cartas, pero la nueva actitud de Vilnius se debe a la creciente presión del extranjero y el deseo de Lituania de ingresar a la Unión Europea, bloque mayoritariamente opuesto a este castigo.
"Ahora somos integrantes del Consejo de Europa y, tarde o temprano, tendremos que abolir la pena capital a pesar de la opinión de la sociedad lituana. Es nuestra obligación", dijo un vocero de la Presidencia.
El primer ministro, Mindaugas Stankevicius, declaró a periodistas de Noruega que personalmente es contrario a la pena de muerte, "a pesar de la difícil situación criminal y el punto de vista de la sociedad".
La pena capital, aplicada por las cortes lituanas durante medio milenio, cuenta con amplio respaldo popular debido a la creciente incidencia de la delincuencia en el país.
Según estadísticas policiales, la cantidad de crímenes aumenta constantemente. El número de asesinatos cometidos se incrementó de 143 en 1991 a 523 en 1994.
"Nuestras leyes deben contemplar la pena de muerte. Hasta los delincuentes más crueles deben saber que existen cosas peores que una prisión", dijo el empresario Egidijus Bikulcius.
La empresa de investigaciones de mercadeo y opinión pública Baltics Surveys estimó que alrededor de 75 por ciento de los 3,7 millones de habitantes del país respaldan la pena capital, cifra alta a pesar de que tres años atrás ascendía a 82 por ciento.
Las autoridades toman en cuenta las encuestas y, por eso, actúan cuidadosamente. En primer lugar, solicitarán la suspensión de la aplicación del castigo -tal como ya hizo Estonia, otro país báltico- y, en segundo término, promoverán su supresión a través de un nuevo código penal.
El castigo capital fue introducido en el país en 1468, a través del Código Kazimieras, y desde entonces no fue abolido. La aplicación de las sentencias se suspendió en 1919 y en 1920, pero en ambas ocasiones fue restaurada poco después.
Entre 1918 y 1940, período en el cual Lituania gozó de independencia, 107 personas fueron condenadas a muerte, pero la pena se aplicó sólo en 21 casos.
El actual código penal permite la ejecución en caso de asesinato con circunstancias agravantes, si bien excluye del castigo a mujeres y menores de 18 años en el momento del crimen.
Los condenados pueden procurar la indulgencia mediante apelaciones. Las cortes frecuentemente conmutan las penas, que pasan a ser de prisión perpetua. Si estos pedidos fracasan, es posible recurrir a una orden de clemencia presidencial.
La indulgencia se concede en la mayoría de los casos. Desde 1991, 36 personas fueron condenadas a muerte, pero sólo resultaron finalmente ejecutadas siete, seis de las cuales fueron hallados culpables de asesinar a más de dos víctimas.
La séptima, Boris Dekanidze, conducía la banda criminal Brigada Vilnius, que asesinó al periodista Vitas Lingys, del diario Respublika.
Al parecer, estas siete ejecuciones serán las últimas. "La presión de Occidente es muy fuerte, especialmente la procedente de países escandinavos", dijo el subdirector de Respublika, Rytas Staselis. (FIN/IPS/tra-en/fj/rj/mj/hd ip/96)
