Caminan por las calles de Italia tratando de pasar por turistas, pero si les controlan los documentos corren el riesgo de ser expulsados: son los 200.000 inmigrantes del Sur y del este europeo que no regularizaron su situación.
Según estimaciones provisorias difundidas este martes por las autoridades italianas, ese es el número de inmigrantes que no legalizó su presencia antes del 31 de marzo, el plazo que les habií concedido el gobierno.
El Ministerio del Interior señaló que 150.000 personas pidieron permisos de residencia y aun no recibieron una respuesta de las autoridades.
La valla que les había levantado el decreto gubernamental del 26 de noviembre era más bien alta: demostrar que ejercían un trabajo legal por el cual sus empleadores pagaban las contribuciones sociales, que alcanzan a 40 por ciento del sueldo.
Los inmigrantes clandestinos, en su mayoría del Sur subdesarrollado, realizan por lo general trabajos esporádicos y de manera ilegal, sin ningún tipo de contrato ni prestaciones sociales.
El gobierno se opuso a la prórroga del plazo otorgado para la legalización de los extranjeros originarios de países ajenos a la Unión Europea (los llamados "extracomunitarios"), rechazando una petición de las organizaciones humanitarias y de emigrantes.
Sergio Briguglio, de Caritas, dijo que los grupos católicos y las asociaciones de voluntarios continuarán luchando por una prórroga, al considerar que entre los extranjeros no legalizados "existe la voluntad de salir de la clandestinidad".
Según sus cálculos, al menos 300.0000 ilegales tendrían intención de ser regularizados, pero el hecho de que el decreto haya excluído a los trabajadores ocasionales y autónomos y establecido que los patrones deben pagar anticipadamente las contribuciones sociales lo ha impedido.
El responsable de la asociación "Sin Fronteras", Dino Frisullo, manifestó a su vez que 30 por ciento de las peticiones de regularización presentadas podrían ser rechazadas.
"Pediremos al Ministerio del Interior que las demandas rechazadas no sean usadas como base para la expulsión" del solicitante, indicó.
El Ministerio del Interior excluye la aplicación de una politica represiva en un país de emigrantes como Italia y a pesar de que el decreto establece claramente que quien no tenga permiso de residencia no puede permanecer en el país.
Grupos humanitarios observan que para proceder a las expulsiones se necesitaría disponer de una cantidad demasiado elevada de hombres y medios.
Además, medidas de ese tipo generarían protestas de quienes consideran que no todos aquellos que no han podido obtener permiso de residencia carecen de fuentes de ingreso para autosustentarse.
Muchos de los emigrantes son vendedores ambulantes y otros no lograron que su patrón les pagara los seis meses de contribuciones sociales anticipadas establecidos por el decreto.
Otra labor habitual de los inmigrantes, en especial filipinos, es el trabajo doméstico remunerado por hora, por lo cual tampoco disponen de contrato de trabajo ni abonan las contribuciones sociales.
Existe el riesgo de que la clandestinidad se transforme en un elemento estructural del mercado de trabajo, por lo cual centenares de miles de extranjeros no comunitarios continuarían constituyendo representando el lado sumergido y no garantizado del aparato productivo italiano.
La emigración es uno de los temas (aunque marginal9 de la campaña en vista de las elecciones parlamentarias del día 21.
Los diputados ecologistas Gianni Mattioli e Italo Reale senalaron que en Italia los "extracomunitarios" son cerca de un millon, representando 1,4 por ciento de la población italiana. A su vez, cinco por ciento de los italianos viven en el extranjero, en su mayor parte en Alemania (30 por ciento) y Suiza (18).
El número dos de la derechista Alianza Nacional, Maurizio Gasparri, anunció que si la coalición de centroderecha triunfa en las próximas elecciones el ingreso clandestino al país será castigado con cárcel. (FIN/IPS/jp/dg/ip-pr/96)
