La quiebra de cinco entidades financieras desató en Ecuador una polémica sobre la dudosa eficacia de los controles oficiales sobre un sobredimensionado sector de actividad.
¿Quién es el culpable de la bancarrota de esas entidades financieras?, es la pregunta de autoridades monetarias, auditores externos, expertos y más de 60.000 ahorristas perjudicados que exigen indemnización.
La ola de quiebras comenzó en febrero con la casa de bolsa Intermil. Los depósitos de 500 inversionistas en Intermil quedaron a la decisión del Banco Central (BCE), que hasta el momento no ha aportado los seis millones de dólares por concepto de liquidación.
El gerente y propietario de Intermil abandonó el país con los pocos recursos sobrantes después de las operaciones fracasadas.
A Intermil se sumó la ruina de dos cooperativas de ahorro, un banco, una empresa de almacenamiento de productos agrícolas y otras firmas financieras que invertían depósitos en el mercado de valores.
Se calcula que el BCE perdió de momento 200 millones de dólares, en operaciones de intervención y liquidación de las entidades quebradas.
Angel Espinoza, asesor internacional de proyectos de inversión, dijo a IPS que la responsabilidad reside "en la Superintendencia de Bancos, que es la única instancia encargada de vigilar y sancionar las operaciones de las financieras".
La Superintendencia de Bancos debería promover la reducción de entidades "ya sea por medio de la fusión o con la aplicación de normas más rígidas para su creacion", apuntó Espinoza, ya que "la sobrepoblación de instituciones hace imposible un control exacto de sus movimientos".
El experto destacó que operan en Ecuador 42 bancos y 320 firmas financieras, mientras en Colombia, "que tiene una economía diez veces superior a la ecuatoriana, existen solamente 20 bancos".
En opinión de Augusto de la Torre, gerente general del BCE, el problema nace de las auditorías externas, que extienden certificado de solvencia sin fundamento real.
Según la ley de instituciones financieras, cada entidad debe presentar anualmente un informe avalado por una firma auditora externa, cuya contratación debe ser supervisada por la Superintendencia de Bancos.
De la Torre señaló que el BCE intervino en marzo al Banco Continental, el quinto de Ecuador, "por problemas de iliquidez". En esa ocasión, el gerente del Central cuestionó la veracidad de los informes de las firmas auditoras.
José Romero, director de la firma Romero y Asociados y responsable de la auditoría al Banco Continental, indicó que las empresas auditoras tienen el deber de consignar en su informe toda anomalía, "aunque no le guste al cliente".
Pero en el caso específico del Banco Continental, el informe de auditoría externa fue publicado con omisiones, aseguró Romero a Blanco y Negro, un suplemento del diario Hoy.
Al conocer el informe de auditoría, el Banco Continental canceló el contrato con el grupo Romero y Asociados.
"Cualquier alteración de las auditorías debe ser denunciada a la Superintendencia de Bancos", señaló Espinoza, "pero esta institución demora siglos en emitir un fallo, mientras las quiebras pueden producirse en cuestión de horas".
Para el superintendente de Bancos, Mauro Intriago, "la crisis del Banco Continental es el resultado de fuertes retiros provocados por rumores y no por problemas de control".
Ecuador aparece en quinto lugar en América Latina en materia de control de bancos.
Pero la afirmación de la embajada de Estados Unidos de que 90 millones de dólares del narcotráfico se "lavan" anualmente en Ecuador, lanzada a principios de este mes, parece indicar "que ese quinto puesto en materia de controles" tiene tanta realidad como "el quinto lugar en solvencia atribuido al Banco Continental", dijo Espinoza. (FIN/IPS/mg/ff/if/96).
