Nadie discute prácticamente en el mundo que las minas terrestres antipersonales deben ser prohibidas y eliminadas. Pero los estados, reunidos en una conferencia de las Naciones Unidas en Ginebra, no se ponen de acuerdo.
Apenas una semana les queda a los gobiernos para concertar compromisos que acaben con esas armas solapadas que cada mes matan o mutilan a unas 2.000 personas en todo el planeta.
La conferencia, que inició sus sesiones este lunes, deberá concluir el 3 de mayo con la adopción de decisiones que fortalezcan el protocolo ya existente sobre el uso de las minas terrestres.
El presidente de la conferencia, Johan Molander, de Suecia, evaluó este martes que los estados pueden llegar a un acuerdo, aunque de alcance restringido.
Molander reconoció que muchos países aún necesitan confiar en las minas terrestres, incluídas las antipersonales. Esas naciones comprenden que deben aceptar algunas restricciones y limitaciones pero "no pueden ceder muchos más", dijo.
Por su bajo costo de adquisición, unos tres dólares cada una, y casi nulo de instalación, las minas terrestres abundan en los arsenales de todos los países, incluídos los más pobres.
En la otra vertiente, suman ocho los gobiernos que suspendieron la producción de minas o renunciaron a que sus fuerzas armadas utilicen minas antipersonales.
Los estados que respaldan la prohibición total de esas armas se elevan ahora a 30, una cifra que aún no colma las expectativas de las organizaciones independientes y de los grupos humanitarios.
Molander presentó como un avance el anuncio efectuado por China esta semana de que declararía una suspensión de las exportaciones de minas terrestres antipersonales no detectables.
De todos modos, el presidente de la conferencia propicia que los estados acepten el 3 de mayo un compromiso que "aunque no sea del gusto de muchos", asegurará un protocolo mejor sobre minas terrestres.
La conferencia ha discutido en la sesión actual un documento elaborado por el mismo Molander, que propone la extensión de las restricciones también para los conflictos internos.
La iniciativa de Molander demanda la prohibición de las minas antipersonales que no se pueden detectar.
Pide medidas estrictas para el uso de las minas, exigiendo que en caso de carecer de mecanismos de autodestrucción y autodesactivación deben ser diseminadas en áreas remotas, cercadas y vigiladas.
El texto de Molander propone la prohibición de la transferencia del tipo de minas de uso vedado, como las que no pueden detectarse.
El convenio deberá someterse a una revisión cada cinco años. Otra medida aconseja que las violaciones al protocolo sean juzgadas como crímenes de guerra.
Molander aceptó que no existe consenso entre los estados para un acuerdo que imponga los requisitos de la autodestrucción y de la autodesactivación para todas las minas antipersonales.
Tampoco prosperaría actualmente la iniciativa del mismo funcionario de exigir que toda mina antipersonal contenga un elemento, por lo menos siete gramos de metal, que asegure su detección.
El debate sobre las minas se realiza como parte de la convención sobre armas convencionales.
El nombre oficial de la asamblea es Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
La convención tenía originalmente tres protocolos. El primero se refería a las bombas de fragmentación no localizables. El segundo, a las minas terrestres y el tercero a las armas incendiarias.
En la conferencia de las partes realizada en Viena en octubre pasado se agregó otro protocolo, referido a las armas láser enceguecedoras. (FIN/IPS/pc/dg/ip/96)
