La decisión innovadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de crear en uno de sus paises miembros, Colombia, una oficina para los derechos humanos, mereció aprobación de grupos independientes colombianos e internacionales.
Arturo Carrillo, de la Comisión Colombiana de Juristas, destacó que por primera vez la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sugiere al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el ecuatoriano José Ayala Lasso, el establecimiento de una oficina en un país.
El Alto Comisionado tiene representantes en Ruanda y el Centro de Derechos Humanos de la ONU está presente en Camboya, pero la oficina de Colombia será la primera permanente en el mundo, dijo Carrillo.
Las organizaciones no gubernamentales y el gobierno de Colombia reconocen la gravedad de la situación de los derechos humanos en el país sudamericano.
Una estimación oficial indicó que se registran unos 30.000 asesinatos por año, la mayor parte por razones vinculadas a motivaciones políticas o ideológicas.
Los grupos independientes sostuvieron que la impunidad alcanza en Colombia a 99 por ciento de los casos de violaciones a los derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU anunció este martes que solicitaba al Alto Comisionado que establezca a la brevedad posible una oficina en Colombia.
La representación tendrá el mandato de asistir a Bogotá en el desarrollo de políticas y programas para la promoción y la protección de los derechos humanos.
Tambien observará las violaciones de los derechos humanos en el país y elaborará informes analíticos para el Alto Comisionado.
Las organizaciones no gubernamentales habían sugerido una fórmula diferente, la designación de un relator especial, para el seguimiento de la vigencia de los derechos en su país.
"No tenemos nada contra la oficina del Alto Comisionado", declaró sin embargo el uruguayo Alejandro Artucio, de la Comisión Internacional de Juristas.
El gobierno colombiano presionó a favor de la creación de la oficina para impedir el nombramiento de un relator, dijo Artucio.
Los representantes oficiales de Colombia sostuvieron que la designación de un relator implicaba una sanción para su país, "que no merecía estar a la altura de otros países en el mundo que han sido sancionados por la comisión de derechos humanos". agregó.
De todos modos, la apertura de la oficina dependerá de que se consignan los fondos para financiarla, advirtió Artucio. El gobierno colombiano anunció públicamente que el financiamiento provendría de la Unión Europea.
"Hemos averiguado y se nos informó que hay un proyecto presentado a la UE pero todavía nada aprobado", comentó Artucio.
El abogado dijo que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos en Colombia son asesinatos, pero también se verifican torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.
Entre los violadores de los derechos humanos, en primer lugar figuran las fuerzas gubernamentales, aseguró.
Siguen los grupos paramilitares, que "de alguna forma, a veces evidente y otras no tanto, tienen vinculación con algún sector de las Fuerzas Armadas y de de seguridad", señaló.
En tercer lugar, entre los violadores, se ubican los guerrilleros "que aún combaten al gobierno" y, finalmente, los narcotraficantes.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU reconoció esfuerzos realizados por el gobierno de Colombia en este plano y su voluntad de cooperar con los organismos del sistema internacional.
Sin embargo, declaró preocupación por el gran número de casos de desaparecidos y por el nivel alarmante de impunidad "especialmente referente a abusos por agentes estatales que caen bajo competencia de los tribunales militares".
La Comisión manifestó asimismo preocupación por la persistencia de la práctica de la tortura e instó al gobierno a reforzar la justicia ordinaria frente a los sistemnas especiales de justicia, "el abuso de los cuales puede conducir a graves violaciones de los derechos humanos". (FIN/IPS/pc/dg/ip-hd/96)
