El juez sudafricano Richard Goldstone dejará un vacío difícil de llenar cuando abandone el cargo de fiscal del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de La Haya para Ruanda y la ex Yugoslavia, en septiembre próximo.
La credibilidad ganada hasta ahora por el Tribunal, desde su instalación a comienzos de 1995, ha sido ampliamente atribuida al impulso y la orientación de la Fiscalía, dirigida por el mismo jurista que antes había encabezado la llamada Comisión Goldstone en Sudáfrica, pieza clave del proceso culminado en abril de 1994.
Goldstone deberá retornar a Sudáfrica para ocupar un lugar en la Corte Constitucional, órgano previsto en la constitución provisional que rige en aquel país desde que se realizaron las primeras elecciones democráticas (26-29 abril, 1994).
Las responsabilidades de fiscal jefe recaerán en la jurista canadiense de 49 años Louise Arbour, especialista y juez en materia penal, cuyo nombramiento -recomendado por el propio Goldstone- fue confirmado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 29 de febrero.
Tras abandonar su cargo en la Corte de Apelaciones de Ontario, la juez Arbour trabajará junto al saliente fiscal jefe durante el verano, y asumirá formalmente la dirección de las acusaciones para las dos salas del Tribunal, Ruanda y la ex Yugoslavia, el 1 de octubre.
Tal como lo indican los inusuales hábitos de Goldstone, las funciones del fiscal jefe se extienden bastante más allá de las los temas judiciales.
En medio de la constante agitación política que rodea al Tribunal, y del dinamismo que caracteriza a la situación en los Balcanes, el fiscal jefe debe equilibrar los imperativos de la estrategia legal y del Derecho con la necesidad de mantener el apoyo constante de la comunidad internacional.
En particular debe asegurarse la cooperación de los estados, y especialmente los de la región, y la colaboración de la Fuerza de Implementación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otras organizaciones internacionales que operan en el terreno.
El trabajo de campo cumplido por Goldstone -que a veces pudo parecer un permanente corretear por el mundo- y los rápidos logros del Tribunal al establecerse e iniciar una variedad de procedimientos, han puesto a la institución muy cerca de su estabilización.
Sin embargo, seguirá requeriéndose una presión continua y una política muy cuidadosa. En el curso de una información a la prensa en el propio Tribunal, a principios de marzo, Arbour adelantó que su gestión pondrá énfasis en la rectitud del cuerpo y la limpieza de sus procedimientos.
Por considerar que el Tribunal es "el mayor capítulo jamás escrito en la historia del derecho penal y del derecho humanitario internacional", Arbour subrayó la importancia de trabajar sobre la base del consenso para garantizar que las decisiones del cuerpo sean ampliamente aceptadas, tanto dentro de las respectivas regiones como en el escenario internacional.
A falta del notorio y fresco suceso que Goldstone trajo de Sudáfrica a La Haya, los antecedentes de Arbour incluyen una distinguida carrera académica en materia penal y de procedimiento penal, una buena experiencia en investigación criminal y un importante desempeño en la función jurisdiccional, incluyendo la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Ontario.
Arbour es experta en el impacto producido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá en el sistema judicial del país. Adoptada a principios de la década de 1980, la Carta ha surtido efectos a todos los niveles, desde el proceso investigativo y la regulación de la prueba hasta la función de los jueces.
La juez accedió a la Corte Suprema de Ontario en 1987, a la edad de 40 años, antes de pasar a ocupar un sitial en la Corte de Apelaciones de la provincia en 1990. En el momento de su nombramiento para La Haya, Arbour era considerada como posible sucesora del primer juez de Ontario.
Aparte de desarrollar una notoria tarea judicial en derechos humanos, Arbour fue redactora del fallo de la Corte de Apelaciones en el caso de Imre Finta, acusado de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.
Pese a ser considerada una mente aguda y firme, y una gran trabajadora, esta jurista nunca ha adoptado una postura inquisitorial.
Ciertamente, tendrá que adaptarse al cambio, de la atmósfera de su corte de apelaciones -dominada por la resumida instrucción de antecedentes- a la dinámica más ruda de enjuiciar violaciones a los derechos humanos en el escenario internacional. – – – – – – – (*) Vanessa Vasic Janekovic es coordinadora del Proyecto de Seguimiento del Tribunal, del Instituto de Información sobre la Guerra y la Paz (IWPR), con sede en Londres, que publica WarReport y revistas judiciales. Este artículo llega a IPS a través del IWPR. (FIN/IPS/tra-en/wr/rj/arl/ip-hd/96)
