Las negociaciones políticas para la búsqueda de una salida a la crisis constitucional que vive Colombia se intensificaron hoy, mientras el presidente Ernesto Samper rindió su segunda indagatoria por la presunta infiltración de dinero del narcotráfico en su campaña electoral.
Tras el cierre de la investigación, que según el analista Francisco Santos "terminará con un fallo absolutorio" para Samper, "el problema de la ingobernabilidad del pais se acentuará".
Pese a ese posible fallo absolutorio, "ya existe un consenso en la clase dirigente" respecto a la salida de Samper, afirmó Santos, columnista del diario El Tiempo, primero del país.
Este martes Samper respondió ante los tres investigadores de la Comisión de Acusaciones más de 30 preguntas relacionadas con su responsabilidad en la recepción de dinero del narcotraficante Cartel de Cali en su campana electoral de 1994.
La presencia de esos fondos ilegales fue denunciada por el ex gerente de la campaña y ex ministro de Defensa Fernando Botero y ratificada la semana pasada por los ministros Rodrigo Pardo, de Relaciones Exteriores, Juan Turbay, de Comunicaciones, y Horacio Serpa, del Interior.
Pardo, Serpa y Turmay fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, también por su vinculación a la campaña electoral de Samper.
Los tres funcionarios, sobre cuya situación a Corte deberá pronunciarse en los próximos 10 dias, han anunciado que pondrán a consideración de Samper la renuncia a sus cargos.
Con base en sus declaraciones y la ampliación de la indagatoria a Samper, los diputados Heyne Mogollón, Jorge Meneses y Rodrigo Arcila presentarán un proyecto de ponencia que técnicamente deberá ir en el sentido de acusar al mandatario o de concluir la investigación.
Cualquiera de las dos fórmulas será analizada por los 12 miembros restantes de la comisión y remitida posteriormente a la plenaria de la Cámara, que decidira si acusa o no al presidente ante el Senado.
Para Mogollón, si no surgen nuevos interrogantes tras la indagatoria de este martes a Samper, a finales de mayo se estaría conociendo la decisión de la Cámara de Diputados sobre el caso.
Entre las fórmulas posibles para encontrar una salida política a la crisis, se maneja la posibilidad de que Samper sea remplazado por una personalidad respaldada por un "frente de unidad nacional" integrado por empresarios, representantes de la Iglesia católica, del Ejercito y sectores políticos.
Constitucionalmente ese candidato sería el vicepresidente Humberto de la Calle, si no es arrastrado por la caida de Samper, caso en el cual el sucesor para terminar el periodo presidencial sería elegido por el Congreso.
Según versión del diario español La Vanguardia, el presidente habría confesado a un diplomático europeo que en una fecha "no lejana abandonaría el poder".
El mandatario habría puesto como condiciones el cierre definitivo de su proceso judicial, la continuidad de su programa social de gobierno, la adopción de medidas para garantizar en 1998 elecciones limpias y la permanencia en lo que resta del gobierno de los ministros que no están siendo investigados.
Sin embargo, la Presidencia de la República envió este martes una nota a La Vanguardia en la que aclara que "el presidente Samper no ha contemplado su renuncia al poder como salida a la crisis política".
La nota, firmada por el secretario general de la Presidencia, José Vargas, indica que "son falsas las informaciones" del diario, según las cuales"el presidente Samper estaría negociando con el vicepresidente Humberto de la Calle las condiciones del retiro de su gobierno".
Otras de las fórmulas barajadas son la convocatoria a nuevas elecciones, planteada por el mismo Samper pero con poca acogida dentro del gobernante Partido Liberal, o la realización de un referéndum, promovida por sectores de la sociedad civil.
Esa última propuesta apunta también a la renovación del Congreso, al considerar que también está infiltrado por la "narcocorrupción".
Ambas fórmulas, no obstante, dilatarían aún más la solución de la crisis, pues para su realización se requiere una reforma constitucional que debe ser debatida en dos legislaturas. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96)
