El diputado Alvaro Benedetti se constituyó hoy en el quinto parlamentario detenido en Colombia dentro del denominado Proceso 8.000, en el que se investigan los aportes del narcotraficante Cartel de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper.
La medida contra Benedetti, del gobernante Partido Liberal y quien presidió la Cámara de Diputados en el período legislativo de 1995, fue expedida este lunes por la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en favor de particulares.
Benedetti habría recibido de empresas de fachada del Cartel de Cali dos cheques por un valor total de 50.000 dólares para su campaña a la Cámara de Diputados en 1994, según las investigaciones del máximo tribunal.
La Corte encontró también pruebas de que su estadía en 1993 en Cali fue financiada por Inversiones Ara, una de las empresas de fachada del Cartel.
Estas cuentas, según las investigaciones que aportó la Fiscalía General a la Corte, fueron pagadas con cheques firmados por Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali, quien se encuentra encarcelado desde el 6 de agosto pasado.
Las pruebas que comprometen a Benedetti fueron avaladas por el ex contador del Cartel de Cali, Guillermo Pallomari, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.
La lista del ex contador del Cartel de Cali comprometía a 14 parlamentarios, de los cuales han sido capturados por orden de la Corte Suprema los senadores Alberto Santofimio, Gustavo Espinosa, y María Izquierdo, y el diputado Rodrigo Garavito, todos del Partido Liberal.
El llamado Proceso 8.000 se inició en abril de 1994 cuando la Fiscalía General sacó a la luz pública una lista de cerca de 40 personalidades de la política, el gobierno y la economía con presuntos nexos con el Cartel de Cali.
A esta lista se fueron agregando nuevos nombres y en la actualidad son 18 los parlamentarios a los que la Fiscalía ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue.
Los vínculos de estos congresistas, y de otros 80 denunciados por intentar favorecer con varios proyectos al narcotráfico, han restado credibilidad a la investigación que le sigue a Samper la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados por la presunta finanaciación de su campaña electoral por parte del narcotráfico.
Esta falta de credibilidad se reflejó en una encuesta realizada en febrero, según la cual 64,9 por ciento de los colombianos no confiaba en la imparcialidad del Congreso. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
