El gobierno de Chile inauguró hoy la Red de Infancia y Adolescencia en cinco municipios, como parte de un plan piloto de defensa de los menores ante crecientes manifestaciones de violencia en su contra.
La violencia intrafamiliar y los actos delictivos en que se ven involucrados menores como víctimas tuvieron manifestaciones dramáticas en los últimos días y lanzaron un toque de alerta sobre los derechos de los niños y adolescentes.
La red fue presentada este lunes por la ministra de Justicia, Soledad Alvear, y Alex Figueroa, intendente de la Región Metropolitana, conformada por 53 municipios, de los cuales tres forman parte de esta iniciativa en su fase inicial.
Se trata de las comunas de Recoleta, La Granja y Peñalolen, a las cuales se suman las de Rancagua, 89 kilómetros al sur de Santiago, y de Los Andes, 77 kilómetros al noreste de esta capital.
La ministra Alvear señaló que el propósito central es contar con medios de prevención, tanto para evitar que los menores sean actores o víctimas de la delincuencia como para combatir los graves fenómenos de maltrato infantil y violencia intrafamiliar.
En una clínica santiaguina permanece en estado de coma desde hace una semana la pequeña Tamara Schaymann, de sólo cinco meses, quien fue sistemáticamente golpeada casi desde su nacimiento por su padre, quien también la sometió a abusos sexuales.
Si bien este es un caso de psicopatía, simboliza los extremos a que puede llegar el maltrato infantil, materia en que Chile ostenta liderazgo en América Latina, según estudios del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
María Pía Guzman, presidenta de la Fundación Paz Ciudadana, recordó este domingo que sólo Japón y Alemania superan a Chile en el mundo en porcentajes de maltrato infantil y que 75 por ciento de los niños de este país sufren violencia en sus hogares.
Las expresiones de violencia extrema, que incluyen desde abusos sexuales hasta golpizas sistemáticas, quemaduras y encierros prolongados, afectan por lo menos a un tercio de la población infantil y adolescente.
Si a ello se suman las formas de maltrato sicológico, así como castigos físicos continuos tipificados como violencia menor, se concluye que sólo uno de cada cuatro niños chilenos no es maltratado, indicó Guzman.
Instituciones oficiales, como el Servicio Nacional de Menores (Sename) y organismos no gubernamentales de protección a la infancia, se hicieron parte en la causa judicial iniciada contra el progenitor de la pequeña Tamara.
Este domingo la policía capturó a los miembros de una banda que el miércoles último asesinó de un balazo en el municipio santiaguino de La Reina a Pablo Rodríguez, de 11 años, quien salió a la puerta de su hogar en momentos que los delincuentes asaltaban a su padre.
Chile tiene un índice comparativamente bajo de homicidios, pero lo que preocupa es el creciente grado de violencia con que actúan los delincuentes y el hecho de que este fenómeno alcance también a los niños, según Paz Ciudadana, una entidad privada.
La Red de Infancia y Adolescencia, que pretende crear un vasto espacio de prevención para estos fenómenos, contará en esta fase piloto con financiamiento de la fundación sueca Radda Barnen, Sename y las cinco municipalidades involucradas.
En cada comuna se instalarán oficinas de la red, cuya primera labor consistirá en catastrar los recursos profesionales, financieros y de infraestructura, de las diversas entidades privadas y públicas ligadas a la infancia.
Sobre esta base se apuntará como primer objetivo a coordinar la acción social de las instituciones, con el fin de no duplicar esfuerzos ni dilapidar recursos y optimizar en última instancia el trabajo de protección a niños y adolescentes.
Pero además, según subrayó Alvear, se trata de considerar a la infancia no sólo como objeto de protección, sino fundamentalmente tratar al menor como un sujeto con plenos derechos.
Bajo este prisma, el segundo objetivo de la red será difundir la Declaración de los Derechos del Niño, ratificada en 1990 por el estado chileno, y su expresión concreta en el país, sobre todo en lo que respecta a denunciar el maltrato infantil.
La búsqueda de solución a los conflictos familiares es la tercera tarea que se plantea este plan piloto, sobre la base de que sus oficinas desempeñen un papel mediador, evitando, cuando sea posible, que un caso llegue a los tribunales.
"La cultura jurídica es confrontacional" y lo que se busca es evitar que el menor quede afectado por esos ámbitos de conflicto, señaló Alvear al diario El Mercurio.
En concordancia con la Declaración de los Derechos del Niño, desde 1995 se prohibió en Chile el encarcelamiento de menores de 18 años junto a delincuentes adultos y ahora se trabaja en varias reformas a los sistemas procesales. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-pr/96)
