Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile visitarán tres cárceles del país, para verificar el estado del sistema penal, criticado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe sobre derechos humanos, realizado por el relator especial de la ONU Nigel Rodley, denuncia las condiciones inhumanas en que viven los presos y la desigual la aplicación de justicia, y señala al parlamento como principal responsable de la situación, por mantener una actitud complaciente.
El documento presentado a la Comisión de Derechos humanos de la ONU sostiene que en Chile existe la práctica de la tortura, de la que resposabiliza a la policía militarizada.
Rodley elaboró su informe en base a un estudio de la Universidad Diego Portales, que 93 por ciento de los 134 presos encuestados no reconoce igualdad ante la ley y 91 por ciento dijo que sus derechos humanos no eran respetados dentro del penal.
Ante esta situación, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos acordaron formar grupos para visitar en mayo, junio y julio los principales penales de Chile.
En una primera instancia visitarán las cárceles de Osorno y Rancagua, 942 y 86 kilómetros al sur de Santiago respectivamente, y Valparaíso, 120 kilómetros al norte de la capital, elegidas por sus características de hacinamiento y déficit presupuestario.
Los parlamentarios, que terminarán de analizar el informe del relator de la ONU este martes, elaborarán proyectos de reformas al sistema penitenciario y al código penal.
El diputado del cogobernante Partido Demócrata Cristiano, Erick Villegas, señaló que muchos de los puntos planteados en el informe ya habían sido abordados por el gobierno del presidente Eduardo Frei en sus reformas al Código del Procesamiento Penal.
El abogado Héctor Salazar, vinculado a la defensa de los derechos humanos, subrayó el grave problema de desigualdad y maltrato en el país, que no ha podido superarse pese a las recientes reformas al proceso penal introducidas por el gobierno.
El sistema actual "no cumple con las normas mínimas internacionales exigidas para ofrecer a todos los ciudadanos un racional y justo proceso y eso está violando derechos humanos fundamentales de mucha gente", dijo Salazar.
El minoritario Partido Humanista Verde, en tanto, exigió al gobierno que abandone su "actitud timorata" y reaccione frente al informe presentado por la ONU, tomando medidas para desterrar la tortura de las fuerzas policiales.
Por este motivo respaldó la sugerencia de Rodley y propuso como principal medida que la policía pase de la órbita del Ministerio de Defensa a la del Ministerio del Interior. (FIN/IPS/mjc/ag/hd/96)
