La Reforma Agraria en Brasil recuperará un ministerio exclusivo, tendrá sus leyes votadas con urgencia en el parlamento y una justicia menos obstruccionista, acordaron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Las medidas, prometidas para los próximos días y semanas, responden al fuerte impulso político que ganó la causa de los campesinos sin tierra, tras la masacre sufrida hace una semana en Eldorado de Carajas, en el norte de Brasil, con 19 muertos.
La idea de dedicar una cartera propia a la Reforma Agraria, sacando el tema de la órbita del Ministerio de Agricultura, tal como ocurrió entre 1985 y 1990, maduró en los últimos días, como solución a varios problemas políticos del gobierno.
El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), que encabeza la movilización campesina que ganó mentes y corazones en todo el país, reclama hace mucho que la reforma agraria esté a cargo de un órgano directamente vinculado a la Presidencia.
Además, las presiones políticas, que el presidente Fernando Henrique Cardoso debe atender para asegurar mayoría parlamentaria, requieren que sea nombrado como nuevo ministro de Agricultura, tras la renuncia de Jose Andrade Vieira el viernes pasado, un miembro del Partido Progresista Brasileno (PPB).
Pese a su nombre, el PPB representa el sector considerado más conservador de la política nacional, heredero de las fuerzas que respaldaban a la dictadura militar extinto en 1985.
Un ministro salido de sus filas, encargado de la política agrícola, mantendría, e incluso podría agravar, la tensión en el campo.
Cardoso y los presidentes del Senado, José Sarney, de la Cámara de Diputados, Luis Eduardo Magalhaes, y del Supremo Tribunal Federal, José Sepulveda Pertence, decidieron en una reunión celebrada el lunes en Brasilia adoptar un conjunto de medidas para acelerar el asentamiento de los sin tierra.
La Cámara de Diputados y el Senado deberán votar con urgencia algunos proyectos de ley que facilitan la expropiación de tierras improductivas para fines de reforma agraria y dificultan recursos jurídicos usados por los terratenientes.
Además, se transferirá a la justicia federal los crímenes contra los derechos humanos, como las masacres de campesinos, y a los tribunales civiles el juicio de policías militares que hasta ahora eran juzgados por colegas de profesión, un privilegio que según muchos expertos es fuente de impunidad.
Son muchas las trabas que impiden la reforma agraria en Brasil, pese al apoyo mayoritario de la población, según encuestas recientes. Proyectos de ley que la favorecen quedan años en el Congreso, bloqueados por una fuerte "bancada ruralista" que representa a los grandes hacendados.
Los jueces de primera instancia casi siempre favorecen los reclamos de terratenientes por una complicidad, ya que pertenecen a la misma élite dominante. Por eso dirigentes de los campesinos sin tierra son frecuentemente detenidos por orden judicial o rápidamente expulsados de las tierras ocupadas.
Sepulveda Pertence consideró "muy raro" que los procesos de expropiación de tierras lleguen a la Suprema Corte con errores "tan groseros" que resulta imposible evitar su anulacion.
Además, las leyes siempre incluyen exigencias que favorecen al propietario, e incluso a hacendados que se adueñaron de tierras públicas, como es el caso de la notificación previa de expropiación, que la autoridad judicial debe entregar personalmente al dueño del predio, según exigencia legal.
Al propietario le resulta suficiente con ocultarse, evitando de esa forma la entrega de notificación, para determinar la nulidad del proceso.
Hay muchos casos de tierras que pertenecen al Estado, por fallo judicial de hace décadas, pero que el gobierno no logra destinar a asentamientos de campesinos, porque los hacendados que las ocupan ilegítimamente cuentan con una variadas trabas legales para seguir explotándolas por décadas.
Ante esa realidad, el presidente de la Confederacion Nacional de Trabajadores en la Agricultura, Francisco Urbano, señalado como posible ministro de la Reforma Agraria, destacó que crear la nueva cartera es insuficiente para solucionar los graves problemas de tierras del país.
Es necesario que su titular tenga compromiso con la reforma agraria y tenga fuerza politica para impulsarla, declaro.
Mientras, prosiguen en el país numerosas manifestaciones de los sin tierra y otros sectores de la población en protesta contra la masacre de Eldorado de Carajas y la impunidad de los autores de otras matanzas.
La Iglesia Católica decidió celebrar en todo el país misas de séptimo día por la muerte de los 19 campesinos, exigiendo justicia y el fin de la violencia en el campo. (FIN/IPS/mo/ag/ip-dv/96)
