En nombre del equilibrio ambiental de la región organizaciones ecologistas del cono sur de América cierran filas en oposición al proyecto de obras en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Grupos ambientalistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay -que comparten los beneficios de la hidrovía- y también de Estados Unidos se han opuesto a la realización de los trabajos previstos.
Entre los últimos en pronunciarse figura la Liga Boliviana de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que agrupa a más de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas.
En un documento, la Liga cuestionó que el proyecto pretenda modificar las características naturales del río Paraguay para adecuarlas a los sistemas de navegación preconcebidos.
El proceso debiera ser inverso, sostiene, considerando que las experiencias en el mundo enseñan a adecuar los sistemas de transporte a las características naturales de los ríos.
En base a un estudio sobre el megaproyecto, la Liga enumeró los problemas ambientales que ocasionarán las obras y el uso intensivo de la hidrovía.
La disminución de la "esponja" del gigante pantanal permite actualmente una "estabilidad excepcional", pero el flujo en el río Paraguay provocaría un complejo proceso de cambios fluvio- morfológicos, observa esa evaluación.
"Los cambios estarían relacionados principalmente con el aumento de la velocidad de flujos de los ríos Paraguay y Paraná, aumentando el riesgo de inundaciones catastróficas", señala.
El análisis de Lidema determinó que las modificaciones en el canal del río producirán la desecación de 40 por ciento del área de esteros y bañados a lo largo de los ríos, incluyendo partes del Gran Pantanal del Alto Paraguay, Esteros del Chaco, San Pedro y Ne'embucu.
La eliminación de las humedades provocará la pérdida de la biodiversidad biológica de esos ecosistemas y pondrá así en peligro el equilibrio ambiental de toda la región.
El proyecto, impulsado por los gobiernos del área y apoyado financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ocupa un lugar importante en el rincón de las esperanzas de las cinco naciones, por el potencial económico que representa.
Para Bolivia, el proyecto asume un valor adicional al económico, ya que porque la hidrovía tiene, de alguna manera, un efecto de compensación para una país sin mar.
Sin embargo, a las ONG ambientalistas bolivianas les preocupa la intensificación del tránsito fluvial por grandes empresas de transporte, porque acelerará la conversión de los bosques remanentes a la producción agroexportadora de gran escala, con beneficio sólo para un limitado grupo de empresarios.
"La instalación de empresas transnacionales aumentará la presión sobre las tierras indígenas, provocando el desplazamiento forzado de las comunidades, así como la pérdida de los medios económicos de pescadores artesanales, pequeños navegantes y otros grupos sociales tradicionales", dice el estudio de Lidema.
En los planes gubernamentales, la hidrovía transportará hacia el año 2000 más de 20 millones de toneladas anuales de productos a lo largo de los más de 3.200 kilómetros del canal, entre los puertos de Nueva Palmira, en Uruguay, y Cáceres, en Brasil.
Pero hay otros efectos ambientales del proyecto: el proceso de deforestación influirá en la colonización, ya que las empresas madereras facilitarán -con la apertura de caminos- la ocupación desordenada de los bosques tropicales por parte de los colonos, sostiene Lidema.
Esa actividad incidirá en la desnutrición de la biomasa, la contaminación del aire por efecto de los chaqueos (quema de bosques para habilitación de tierra cultivable) y la pérdida de la biodiversidad, advierte.
Las ONG bolivianas que trabajan en temas ambientales consideran que por esas razones el proyecto de la hidrovía será un coadyuvante del modelo de desarrollo de corto plazo, basado en la extracción y el monocultivo, para promover la exportación de materias primas, principalmente minerales, cueros y madera.
En esa medida, Lidema propone abrir un espacio de diálogo en las sociedades de los cinco países involucrados, para determinar las consecuencias ambientales, económicas y sociales del proyecto.
"El estudio de evaluación de impacto ambiental no debe considerarse solamente como el cumplimiento de una exigencia más sino como una actividad natural que acontece a cualquier proyecto de obra o de desarrollo, a fin de preservar el medio ambiente y evitar daños irreparables", expresa el documento. (FIN/IPS/jcr/dg/en/96)
