El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, que ha negociado y a la vez resistido la firma de un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció que está listo para adoptar "medidas duras", en línea con ese organismo.
Caldera pareciera dispuesto a subir al autobús del FMI antes de que ese vehículo pase de largo y se pierda en el horizonte la posibilidad de tres logros: dinero fresco, aval internacional y un programa para reordenar la economía.
El FMI prestaría 3.000 millones de dólares, su luz verde es un requisito para otros organismos multilaterales y una guía para inversionistas privados, y dotaría al gobierno de metas de gestión de las que careció hasta ahora.
Al cansancio de negociadores -del Fondo y de Venezuela- se sumó el fin de semana la emergencia de una correlación de fuerzas en el parlamento que desea corregir el rumbo del gobierno, y crecen voces según las cuales es innecesario acudir al FMI.
El nuevo clima refleja impaciencia de estratos políticos y sociales con el inmovilismo del mandatario de 80 años, cuya renuncia comienzan a pedir ex rivales por la presidencia. El partido oficialista Convergencia, al rehusar el pedido, ofrece señales de que lo ha considerado.
"Venezuela no necesita acudir al FMI, porque tenemos 10.000 millones de dólares en reservas, que es suficiente. Lo que necesitamos es un programa coherente", reiteró este lunes el ex ministro de Planificación Miguel Rodríguez.
Artífice del acuerdo con el Fondo de 1989, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), Rodríguez insiste en que las medidas que se requieren son disciplina fiscal, privatización acelerada de empresas y nuevos precios para la gasolina.
La medida que de adoptarse inmediatamente resultaría más dura, tanto para la población como para el presidente, sería el alza de la gasolina, que según el FMI debería por lo menos cuadruplicar su precio para ayudar a enjugar el déficit fiscal.
Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo -tres centavos de dólar el litro- debido a subsidios del Estado, y mantener su precio bajo "hasta que el pueblo pueda pagarlo" fue una consigna defendida por Caldera a lo largo de los años.
La otra cara del problema es que el el precio de la gasolina se asocia al del transporte público, prestado por particulares, y sobre el país planea aún el fantasma del "Caracazo", semana de violentos desórdenes y saqueos desencadenados por una súbita alza de tarifas de transporte en febrero de 1989.
Y en Venezuela, cuya economía no petrolera lleva tres años de recesión, el desempleo crece y la inflación anualizada es de 73 por ciento, sectores como empresarios y la Iglesia Católica advierten peligro de una "explosión social".
La parálisis se ha agudizado porque un control de cambios implantado en junio de 1994 se ha traducido en racionamiento de divisas, surgimiento de un mercado paralelo en el que se hunde el valor del bolívar y se aceleran la inflación y la desinversión.
Mientras la depauperada población en los mercados clama porque las autoridades "hagan algo" para contener la carestía, los gremios económicos reclaman abandonar el populismo y la política de controles y retomar un camino de apertura económica.
El gobierno deshoja largamente la margarita de cada decisión y del conjunto requerido para el apoyo del FMI, lo que incrementa la desazón y la alarma entre los dirigentes del sector privado.
Carmelo Lauría, ex banquero y presidente socialdemócrata saliente de la Cámara de Diputados, fue requerido por empresarios para que dijese en diez palabras cómo ve el futuro del país, y respondió con tres: "Estoy muy asustado".
Caldera planteó la adopción de "medidas duras" durante el acto protocolar en el que el parlamento le informó la elección de sus nuevas autoridades y el inicio de un nuevo año de trabajos.
El mandatario podría anunciar las medidas luego de su mensaje anual a la Nación, previsto para el día 12, "porque el país vive un momento extraordinariamente delicado y es necesario enfrentar dificultades de naturaleza económica, fiscal y de toda índole".
Pidió "comprensión" de los trabajadores, después que el Congreso rechazó por insuficiente el decreto que colocó el salario mínimo en 155 dólares, y anunció que asumirá cambiar el régimen de las prestaciones sociales, o indemnización del trabajador al cesar la relación laboral.
Caldera demandó para las medidas a tomar un "compromiso solidario" del Congreso, después que el jueves suspendió el viaje de su misión negociadora con el FMI, alegando que esperaba que se dilucidase el juego del poder en el parlamento.
El Congreso de Venezuela tiene cinco bancadas, ninguna con mayoría ansoluta, y desde que se inició el quinquenio hace dos años funcionó con una alianza entre los dos partidos que apoyaron a Caldera y el socialdemócrata Acción Democrática.
Pero uno de los dos que sostuvieron a Caldera, el Movimiento al Socialismo, tejió una nueva alianza con los más sólidos opositores del gobierno, el partido socialcristiano Copei y el izquierdista Causa Radical, para dirigir el parlamento.
La nueva coalición, aunque reúne corrientes muy diversas, coincide en su interés por reformas electorales y del Poder Judicial, pero también en leyes económicas y sociales.
Todos en el parlamento señalan disposición a respaldar iniciativas del gobierno y no ser obstruccionistas, pero al mismo tiempo muestran deseo de adoptar programas y medidas si el Ejecutivo mantiene lo que juzgan improductiva parálisis.
Cuando suspendió el envío de una misión a Washington para que tratase con el FMI, hace cinco días, el gobierno provocó estampida del dólar, pérdida del valor de la deuda externa venezolana y renuncia de dos destacados técnicos del equipo negociador con el Fondo.
Ahora llegan señales de impaciencia desde el parlamento, y Caldera parece decidido a tomar el autobús del FMI. (FIN/IPS/hm/dg/if/96)
