La libertad restringida que otorgó un juez de Estados Unidos al ex subprocurador de México Mario Ruiz Massieu tras fracasar cuatro intentos para extraditarlo y uno para eportarlo, es una "afrenta" a la justicia, señalaron hoy autoridades locales.
Es "escandaloso" que los jueces estadounidenses impidan a México procurar justicia, cuando se ha demostrado "plenamente" que el ex subprocurador, quien fue liberado este miércoles bajo fianza luego de un año de permanecer detenido, cometió diversos delitos, destacó la Procudaria General (PGR).
Auditores y policía intensificarán sus investigaciones contra Ruiz Massieu y sus familiares para presentar nuevos pedidos de extradición, indicó la PGR.
El ex subprocurador, quien fue detenido en Estados Unidos en marzo de 1995 por no declarar un dinero que portaba, es acusado por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo de peculado, obstrucción a la justicia y tortura.
En los últimos 12 meses el gobierno de México presentó cuatro solicitudes de extradición contra Ruiz Massieu, mientras el gobierno de Bill Clinton demandó en una ocasión que se deporte al acusado. Todos los pedidos fueron negados por jueces estadounidenses argumentando falta de pruebas.
Ruiz Massieu, quien entregó una cuenta bancaria de nueve millones de dólares para poder salir de la prisión a un departamento en el que permanecerá vigilado hasta que su caso sea conocido por la Corte Suprema de Estados Unidos, sostiene que el gobierno de México lo persigue políticamente.
Abogados locales aseguran que los procesos legales que enfrenta el acusado en Estados Unidos, donde pidió asilo político, podrían demorar varios años.
El ex funcionario de la PGR es considerado una pieza importante para resolver el caso de su hermano Francisco, dirigente del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) asesinado en 1994. El gobierno sostiene que Ruiz Massieu desvió las investigaciones y encubrió a los culpables.
Según la PGR, el ex subprocurador tiene propiedades valuadas en alrededor de tres millones de dólares y cuentas bancarias por más de 15 millones, dinero que sería producto de negocios ilícitos. El acusado respondió que la mayoría del dinero pertenece a su familia. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96).
