Periodistas mexicanos reciben a menudo citatorios oficiales y son visitados por autoridades para que revelen fuentes y abunden sobre los temas que investigan, amenazando en los hechos la libertad de prensa, denunciaron organizaciones profesionales del sector.
La voz de alerta, dada este mes por Raymundo Riva Palacio, subdirector editorial del diario Reforma, fue amplificada por gremios periodísticos y analistas.
"No hemos recibido quejas directas, pero esta tendencia de citar a periodistas ante autoridades tenemos que rechazarla, pues atenta contra las libertades", dijo a IPS Luis Suárez, presidente de la Federación Latinoamerica de Periodistas (Felap).
Los profesionales citados por la autoridad tienen pocas posibilidades de oponerse al llamado. En México no existe una norma jurídica que les permita mantener en reserva su información y fuentes, aunque la Constitución garantiza la libertad de prensa.
Si el periodista se niega a comparecer o a revelar sus fuentes si la autoridad llegara a ordenárselo podría ser acusado de falsedad en declaración, encubrimiento y hasta complicidad, advirtió José Luis Soberanes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Las sanciones por negarse a declarar pueden ir desde multas hasta la cárcel.
Aunque ninguno de los periodistas convocados a revelar información indica haber recibido una orden coercitiva, la práctica de conminarlos a declarar "es ya de por sí criticable", opinó Suárez.
"El periodista tiene derecho a proteger sus fuentes, ese es un principio ético que tiende a garantizar su seguridad", añadió el presidente de la Felap, ente que agrupa a asociaciones de 21 países.
Los periodistas mexicanos citados a declarar por la Procuraduría y por jueces son aquellos que han realizado trabajos de investigación sobre casos de asesinatos donde resultaron involucrados políticos o funcionarios públicos.
Las presiones han llegado a tal punto que incluso altas autoridades de la Procuraduria General llamaron personalmente a columnistas para invitarlos a "conversar" sobre sus publicaciones, indica una nota del matutino Reforma.
"Llama la atención que se cite a declarar a periodistas, cuando gente que sí tendría algo que decir no es convocada", expresó Alejandro Ramos, director de El Financiero, diario que reveló que se investigaba al hermano del ex presidente Carlos Salinas por el asesinato de un dirigente político.
El presidente de la Felap advierte que obligar al periodista a revelar sus fuentes lo expone a ataques criminales.
"La autoridad tiene derecho a llamar al comunicador a declarar sólo si está involucrado como parte en un asunto penal, lo otro es afectar a la libertad de prensa", añadió.
Pese a que varios medios han demandado una respuesta oficial a las denuncias sobre presiones para declarar, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el tema.
Pero las amenazas contra la libertad de información no sólo vienen por el lado de los citatorios oficiales.
Algunos analistas aseguraron los últimos días que la secretaría de Gobernación (Interior) distribuyó entre funcionarios una lista de periodistas a quienes no debe entregarse información. La lista tendría ocho nombres.
"Menudo cierre de siglo, pues mientras en el mundo la apertura a la información ha sido clave de los procesos democráticos, en México se cierran los accesos", señaló el subdirector del diario Reforma, uno de quienes estaría en la lista.
En su primer informe de gobierno rendido ante el Congreso en diciembre pasado, el presidente Ernesto Zedillo dijo que su gestión se caracteriza por se respetuosa de la libertad de expresión "que deben ejercer sin cortapisas los medios y sus profesionales".
Añadió que "al mismo tiempo, es obligación de los gobiernos democráticos solicitar a los medios que contribuyan a una apreciación equilibrada de la política y del gobierno, informen objetiva y verazmente a sus públicos y respeten la vida de los ciudadanos". (FIN/IPS/dc/dg/cr/96)
