La cumbre andina que comienza este sábado en esta tibia ciudad de la costa norte peruana tiene una agenda erizada de problemas, como la reforma institucional y una disputa sobre el grado de protección arancelaria admisible en un proceso de integración inserto en un marco internacional liberal.
Ambos temas -uno de los cuales, la cuestión arancelaria, deberá definir la permanencia o exclusión del país anfitrión-, tendrán como oscuro telón de fondo la emergencia de la crisis financiera que el mes pasado paralizó las actividades del pacto.
Además, será inevitable que los gobiernos aprovechen la reunión presidencial para obtener respaldo a sus problemas específicos, como Colombia, que buscará un pronunciamiento en contra de la descertificación decidida por Estados Unidos por su presunto escaso esfuerzo contra el tráfico de drogas.
La reunión probablemente sancionará la incorporación definitiva de Panamá, que desde hace años toca a la puerta del bloque y que tiene ahora el atractivo especial de su próximo contral de la vía comercial más importante del continente, el Canal interoceánico.
También Bolivia buscará respaldos específicos en Trujillo.
Según algunas versiones que circulan en esta ciudad, La Paz no está en condiciones de pagar el millón de dólares que debe al Grupo en cuotas atrasadas y pedirá un trato especial a su morosidad en razón de su crítica situación financiera.
Por último, Perú concurre a esta cita con sus propios problemas específicos: encontrar una fórmula para no quedar excluido del proceso y, al mismo tiempo, mantener su política arancelaria, contradictoria con la orientación comercial del Grupo Andino.
Desde agosto de 1992, Perú está en condición de miembro suspendido en sus obligaciones, lo que equivale a decir con un pie fuera del Grupo, como consecuencia de sus discrepancias con el esquema arancelario adoptado por el bloque para las importaciones procedentes de países de fuera de la subregión.
Los países andinos han adoptado un esquema arancelario de cuatro niveles, diseñado para promover sus exportaciones mediante tasas bajas para las importaciones de insumos y bienes de capital, y más altas para los productos terminados de terceros países que compitan con la producción subregional.
El gobierno de Lima ha optado por tener un solo arancel (salvo para los críticos productos agropecuarios) y su ministra de Comercio, Liliana Canale, critica el esquema arancelario multinivel adoptado por el Grupo, como proteccionista y adverso a un desarrollo de la industria.
En respuesta, el gobierno de Lima propone un complejo cuadro de acuerdos ajustados bilateralmente con cada uno de los países miembros, para esquivar la obligación del Arancel Externo Común adoptada por el Grupo.
El canciller peruano, Francisco Tudela, probablemente negociará el apoyo de Perú a los objetivos específicos nacionales antes mencionados a cambio de respaldo a un fórmula que permita a su país mantenerse en el bloque andino.
Los técnicos del Acuerdo de Cartagena y los expertos de las cancillerías, con la incorporación posterior de los cancilleres, comenzaron desde este jueves a analizar las posibles fórmulas de consenso a los temas planteados.
El tema de la reforma institucional tiene como objetivo involucrar más directamente a los gobiernos de los países miembros, eliminando la virtualmente ilusoria autonomía de la Junta del Acuerdo de Cartagena, entidad que desaparecerá en la nueva estructura.
La Junta de tres miembros, que era designada por los gobiernos de sus países para representar a todos, será reemplazada por un Secretario General.
El nuevo funcionario estará ubicado como octavo escalón jerárquico, debajo del Consejo de presidentes de los países andinos, del Consejo de cancilleres, de la comisión de ministros de Industrias y Comercio y el Parlamento Andino y otras instancias.
Esta reforma fue aprobada en la cita presidencial andina efectuada en septiembre de 1995 en Quito, con el propósito de hacer mas dinámica y dar mayor agilidad a la estructura en la adopción de decisiones, y para asumir la redefinición de objetivos etratégicos del proceso de integración subregional.
Este enunciado general, extraído del Acta de Quito, probablemente disimula las divergencias que surgirán en esta misma reunión y en las acciones posteriores del Grupo Andino.
Por ejemplo, una nota de prensa difundida en Trujillo por Prom Perú, entidad oficial peruana encargada de la organización del encuentro, expresa que la reforma estructural se justifica "por la connotación excesivamente económico comercial" que en los últimos años ha venido caracterizando al Acuerdo de Cartagena.
La frase "excesivamente económico comercial" parece una crítica a la línea seguida por el Grupo en los últimos 15 años, línea que es exhibida con satisfacción por los organismos andinos.
Algunos analistas estiman que esa frase expresa, tal vez, la aspiración peruana de encaminar al proceso de integración en una línea mas política y social que comercial, resultado que favorecería a Perú en la medida en que despriorizaría la crisis arancelaria que el gobierno de Lima ha provocado. (FIN/IPS/al/jc/ip-if/96)
