El éxito de la serie televisiva Power Rangers entre los niños ecuatorianos desencadenó la aparición de un comercio informal que se vale de los menores de edad para vender disfraces al estilo de estos karatecas.
En las principales avenidas, parques, centros comerciales y mercados populares de Quito se puede observar a decenas de niños que portan los uniformes de los famosos Power Rangers y que permanecen estáticos entre cinco y siete horas diarias, con el objeto de promocionar las prendas.
Esta serie televisiva de factura estadounidense ha llamado la atención "no sólo de los niños ecuatorianos sino de toda América Latina", dijo Marcelo Román, sicólogo especializado en menores.
"El productor retomó los viejos esquemas de los programas de los 70, como Ultra Seven, Batman y Supermán, pero integrando la tecnología actual, los efectos especiales, el color llamativo y mucho movimiento", apuntó Román. . Yolanda Gutiérrez, vendedora y confeccionista de los atuendos de los nuevos héroes, trabaja con sus cuatro hijos en este negocio y según afirma "ellos no se quejan" pues saben que "se trata de un forma de ganarse la vida".
Debido a que los Power Rangers son cinco, Gutiérrez compró "un maniquí que completa la muestra". La comerciante asegura obtener 45 dólares diarios con la venta de cuatro disfraces, casi diez veces más que los 4,78 dólares diarios que podría ganar con un salario mínimo vital.
La serie de los Power Rangers ocupa el primer lugar de audiencia en la televisión nacional, según datos proporcionados por un canal local, por lo que no es de extrañar que las empresas de publicidad se peleen los horarios de transmisión de este programa.
"Yo no me aburro aquí", dijo Guillermo Gutiérrez, hijo de Yolanda, de ocho años de edad, "pero a veces me muero de calor con la máscara", comentó. Guillermo asiste a una escuela estatal y por las tardes ayuda a su mamá a vender los uniformes.
Según el jurista Alberto Wray, "la ley ecuatoriana prohíbe que los menores de edad realicen cualquier tipo de actividades laborales" y sólo los mayores de 14 años lo pueden hacer, "bajo el conocimiento y permiso de las autoridades".
"El problema", apuntó Wray, "reside en que no están tipificados los delitos hacia los padres de familia que obligan a sus hijos a trabajar", lo que dificulta seguir un proceso penal contra las personas que reciban una demanda por este concepto.
En algunos casos, se ha llegado a sancionar a personas que obligan a menores a trabajar, pero son situaciones donde no existen vínculos familiares y los padres son los que tramitan la demanda judicial, señaló.
"Se trata de una esclavización del menor", considera a su vez Román, para quien el mayor número de niños que trabajan en las urbes ecuatorianas "lo hacen bajo la presión, sobte todo psicológica y en algunos casos física, de sus padres". (FIN/IPS/mg/dg/pr/96).
