Colombia inició este lunes una ofensiva diplomática para enfrentar las consecuencias políticas, económicas y comerciales de la "descertificación" de que fue objeto por parte de Estados Unidos, que consideró insuficiente su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno responderá en una nota diplomática todas las referencias sobre "narcocorrupción" contenidas en el informe con el que Washington sustentó su decisión.
"Responderemos punto por punto la gran cantidad de inexactitudes e incoherencias que hay en ese documento del Departamento de Estado", afirmó el canciller de Colombia, Rodrigo Pardo.
El plan también prevé una ofensiva diplomática en Europa, Asia y Oceanía para explicar tanto la política antidrogas de Colombia como la crísis interna que vive el país, luego que el presidente de Colombia, Ernesto Samper, fuera acusado de recibir aportes del Cartel de Cali para su campaña electoral.
Con este objetivo, Pardo participará en la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y del Grupo de Río, que tendrá lugar la semana próxima en Florencia, Italia.
Además, se creará una Comisión Especial coordinada por la cancillería, que analizará todos los convenios de cooperación vigentes con Estados Unidos.
En materia de imágen internacional, todas las representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior recibieron la órden de presentar los logros obtenidos por el gobierno en la lucha contra el narcotráfico en 1995.
"La crisis es nuestra y la resolveremos por la vía institucional colombiana", reiteró Pardo.
Por otra parte, el gobierno contrató a una firma de abogados estadounidenses, para que de acuerdo con las normas vigentes en ese país algunos bienes y dineros decomisados a narcotraficantes colombianos pasen a manos del Estado.
"Se trata de que los decomisos que se hacen en Estados Unidos a los narcotraficantes puedan ser recuperados a favor de Colombia, cuando esos narcotraficantes han sido capturados en nuestro territorio, argumentó Pardo.
La Fiscalía General anunció la creación de una unidad de inteligencia financiera denominada Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, en especial los procedentes del narcotráfico.
La estrategia busca romper las redes de transacciones ilícitas y fortalecer la acción oficial en asuntos tributarios, financieros y bursátiles en contra de los narcotraficantes.
El ministro de Hacienda, Guillermo Perry, viajará a Nueva York, donde se reunirá con la comunidad financiera y empresarial para señalarles los efectos que tendrá la medida sobre la economía colombiana.
Asimismo, el gobierno anunció que revisará la cooperación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país sudamericano y suplirá con partidas del presupuesto nacional un eventual recorte del apoyo de Washington a la Policía Antinarcóticos.
Para esto, Samper pidió al director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano, y al director Antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, un informe detallado de los alcances de la participación de estas agencias.
Serrano indicó que "se analizará una posible suspensión de la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y se estudiará la participación de las agencias estadounidenses y el manejo de los radares ubicados en territorio nacional".
"Por primera vez se contará con presupuesto para comprar helicópteros, para fortalecer las bases antinarcóticos y para garantizar el éxito de los programas de erradicación que estamos desarrollando", añadió.
Asimismo, el ministro de Justicia, Carlos Medellín, anunció penas más severas contra la delincuencia y búsqueda de apoyo a los esfuerzos colombianos en otros escenarios internacionales.
Medellín dijo que su Ministerio trabajará también para que en el Congreso se corrijan las deficiencias legislativas que imponen "penas ridículas" a los narcotraficantes y se avance en la fumigación de narcocultivos. (FIN/IPS/amg/ag/ip/96)
