Los intentos de Estados Unidos de cerrar aún más el cerco económico a Cuba parecen demostrar que 37 años no bastan para reconocer el fracaso de una política y comenzar a conocer a los cubanos.
Los más perjudicados de esta historia, los habitantes del país caribeño, no muestran signos de alarma ante el acelerado paso por el Congreso estadounidense del proyecto de ley Helms-Burton.
Los máximos representantes del gobierno de la isla centran sus reacciones en los perjuicios que la inicitiva traerá para los propios Estados Unidos y, aunque reconocen que afectará a la isla, reafirman que "en esencia nada cambiará".
Hasta la jerarquía católica y no pocos representantes de la oposición interna reconocieron hace tiempo que cualquier intento de endurecer el bloqueo sólo afectaría a la población de la isla y, al final, fortalecería la posición del gobierno de Fidel Castro.
"Estados Unidos no conoce a los cubanos. La respuesta a la escasez siempre será sobrevivir", dijo un profesor de marxismo que está seguro de que en las condiciones cubanas "la abundancia sería un arma mucho más eficaz contra el socialismo".
Fuentes del Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de La Habana aseguran que la administración del presidente Bill Clinton "vuelve a subvalorar la capacidad de adaptación como elemento de sobrevivencia del proceso comenzado en 1959".
El presidente estadounidense decidió aplicar "la filosofía del castigo" contra Cuba como respuesta al derribo por fuerzas aéreas cubanas, el 24 de febrero, de dos aeronaves civiles pertenecientes al grupo anticastrista con sede en Miami, "Hermanos al rescate".
En contradicción con su posición anterior, Clinton pidió al Senado y a la Cámara de Representantes de su país que se pusieran de acuerdo para la pronta aprobación del proyecto de ley que pretende profundizar e internacionalizar el bloqueo.
En más de una ocasión en 1995 la Casa Blanca advirtió al Congreso de que el presidente podría vetar la ley por entrar en contradicción con las prerrogativas del Ejecutivo en materia de política exterior.
Promovida en abril de 1995 por los republicanos Jesse Helms y Dan Burton, la iniciativa estipula sanciones contra países, empresas e individuos que negocien o inviertan en Cuba y niega el visado de entrada a Estados Unidos a empresarios con intereses en la isla.
De acuerdo al texto, Cuba no podría ingresar en organismos internacionales, mientras que Estados Unidos retendría sus contribuciones a todas las instituciones que brinden ayuda a la nación caribeña.
Considerado uno de los aspectos más polémicos de la propuesta legislativa, el "título III" permitirá llevar a los tribunales a personas o empresas extranjeras que inviertan en antiguas propiedades estadounidenses en la isla.
Para reclamar estarían en igualdad de condiciones los estadounidenses y los emigrantes cubanos que adquirieran ciudadanía estadoundiense y exigieran la devolución de viviendas, negocios u otras propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro.
Según la Comisión de Reclamaciones Internacionales de Estados Unidos, a inicios de esta década la lista de demandas ascendió a más de 5.600 millones de dólares, que crecen con un interés anual de seis por ciento.
Expertos locales aseguran que el proyecto contradice los cuatro principios básicos del derecho público internacional: la autodeterminación, la soberanía, la no injerencia y la inadmisibilidad del uso de la fuerza y la coerción económica.
Según la doctora en Ciencias Políticas Soraya Castro, "Cuba se convierte en un 'caso test' de lo que podría ser una propuesta de cambio de todo el sistema de relaciones internacionales".
La Unión Europea, que no tardó en pronunciarse contra la decisión cubana de derribar las avionetas, aseguró que combatiría la entrada en vigor de una ley que contradice todas las normas de la Organización Mundial de Comercio.
La posible aprobación de la ley Helms-Burton puso al lado de Cuba a Canadá, México, Rusia, a los miembros de la Comunidad Caribeña (CARICOM) reunidos en Granada y colocó a la isla en la doble posición de acusada por el derribo de los aviones civiles y víctima de las sanciones estadounidenses.
Fuentes oficiales de la isla aseguran que Cuba ha perdido más de 40.000 millones de dólares por diversas causas asociadas al bloqueo mantenido por Estados Unidos desde hace más de 30 años.
Como resultado de la ley Torricelli, aprobada por el Congreso estadounidense en 1992, el comercio de la isla con subsidiarias de aquel país disminuyó de más de 700 millones de dólares anuales a unos cinco millones.
Para Juan Triana, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), la nueva legislación podría frenar una incipiente recuperación económica en la medida en que se propone enrarecer el entorno externo que necesitan las transformaciones aplicadas por el gobierno cubano desde 1993.
De acuerdo con los especialistas, de convertirse en ley el proyecto Helms-Burton, el cubano medio, que empieza a respirar con más soltura tras cinco años de crisis, sería la víctima principal de las medidas de retorsión.
Sin embargo, contrario a lo que esperan los promotores del proyecto, observadores locales especulan que si bien la economóa seróa afectada la posición política del gobierno de Fidel Castro saldría fortalecida.
"El tiro podría salirles por la culata", dijo a IPS un estudiante universitario según el cual durante años "el gobierno cubano vivió del bloqueo para justificar todos sus errores"
Entre opositores al gobierno de Castro llegó a manejarse la versión de que la decisión del 24 de febrero respondió a la voluntad oficial por borrar toda posibilidad de eliminación del bloqueo estadounidense a corto plazo.
Según esos sectores, el interés mostrado hacia la isla por círculos empresariales y políticos estadounidense generó ilusiones sobre un cercano fin del bloqueo, para lo cual el gobierno de Castro aún no estaría preparado.
Al mismo tiempo, especialistas del Centro de Estudios de la Economía Cubana aseguran que mientras la isla pide a gritos capital extranjero para salir de la crisis, no estaría en condiciones de recibir una avalancha de capitales provenientes de Estados Unidos.
Según Carlos Fernandez de Cossio, jefe del departamento América de la Cancillería, el gobierno de Estados Unidos se "dejó chantajear" por la ultraderecha cubana de Miami para promover una ley que "no es representativa del pueblo norteamericano".
De hecho, el proyecto no es más que la compilación de un grupo de medidas que fueron presentadas al Congreso con anterioridad por los congresistas de origen cubano Lincoln Diaz-Balart, Ileana Ros- Lehtinen y Robert Menéndez.
"Al dejarse arrastrar por sectores influyentes del exilio cubano, la administración estadounidense cae en una trampa emocional y no analítica", señalaron expertos del Centro de Estudios de Estados Unidos.
Observadores, analistas políticos y hasta funcionarios del gobierno local coinciden en que el escenario sería totalmente distinto si Estados Unidos evaluara la vigencia del bloqueo como política contra el gobierno de la isla. (FIN/IPS/da/dg/ip/96)
