Una nueva ley que penaliza la descarga de desechos tóxicos procedentes del extranjero y su contrabando por parte de empresas nacionales entrará en vigencia en China el próximo 1 de abril.
Las autoridades chinas afirman que entre junio y septiembre del pasado año interceptaron 22 intentos de otros países de verter más de 3.000 toneladas de residuos tóxicos en territorio nacional.
Esto no sólo demuestra la atención del gobierno al ingreso de desechos de otras naciones, sino la creciente tendencia de algunos países industrializados a convertir a China en un vertedero de sus residuos, afirma Beijing.
Esta tendencia se debe en parte a leyes inadecuadas, según las cuales los desechos confiscados se devuelven a su país de origen y los responsables salen impunes.
Consciente de la urgencia del problema, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo elaboró el pasado octubre una nueva ley destinada a reducir la descarga en China de residuos tóxicos de ultramar.
La ley, que entrará en vigencia el mes próximo, estipula que aquellas empresas que embarquen desechos sólidos hacia China para su descarga, acumulación o disposición, o las que ingresen esos residuos al país como materia prima sin permiso del gobierno, serán pasibles de una multa equivalente a 120.000 dólares.
"Se trata de la multa máxima impuesta por cualesquiera de los códigos de China", señaló Li Hengyuan, ingeniero de la Agencia Nacional de Protección Ambiental (ANPA). Los incumplidores también podrían ser responsabilizados penalmente.
Los desechos extranjeros consisten en bolsas y botellas de plástico, residuos metálicos contaminantes, productos químicos tóxicos y muchos más, señaló Li.
"Se trata de residuos sólidos o semisólidos de la producción industrial, la construcción, la vida cotidiana de las personas u otras actividades, y son todos riesgosos para la salud humana y el medio ambiente", agregó.
En todo el mundo, se producen 10.000 millones de toneladas de desechos tóxicos por año, y éste es uno de los 10 mayores problemas mundiales, destacó el funcionario de ANPA.
Los países industrializados son los principales productores de esos residuos, pero la disposición de ellos en sus propios territorios es costosa y produce contaminación ambiental y desequilibrio ecológico. "Por lo tanto, vierten su basura en los países en desarrollo", señaló Li.
China fue alertada por primera vez sobre la invasión de desechos extranjeros en 1991, y como resultado ANPA y las autoridades aduaneras emitieron una circular conjunta destinada a impedir la descarga de estos materiales en territorio chino.
Sin embargo, no se adoptó ninguna medida real hasta dos años después, cuando agentes de aduana del puerto de Nanjing interceptaron 1.288 toneladas de residuos químicos de Corea del Sur, que se pretendía hacer pasar por aceite combustible.
Finalmente las empresas surcoreanas declararon que el embarque fue un error, y tras un tira y afloja de ocho meses, la carga fue devuelta a su puerto de origen.
Se trató del primer caso públicamente conocido de rechazo de residuos provenientes del extranjero, y fue seguido por una serie de incidente similares en 1994 y 1995.
La prensa y los ambientalistas chinos también acusan a algunas empresas nacionales de "renunciar a sus principios por dinero", en referencia al tráfico ilegal de residuos tóxicos.
China precisa importar algunos residuos, por ejemplo de hierro y acero, como materia prima, y esto fue utilizado como excusa por compañías inescrupulosas para contrabandear desechos tóxicos, dado que su procesamiento produce enormes beneficios, destacó Li. (FIN/IPS/tra-en/zm/ral/ml/en/96)
