El gobierno de Brasil vio desvanecerse, cuando menos lo esperaba, su dominio sobre el parlamento, sufriendo dos derrotas que ponen en alerta roja su gestión económica, relativamente tranquila hasta ahora.
La Comisión Parlamentaria de Investigacion (CPI), aprobada por el Senado este miércoles para escudriñar irregularidades en los bancos, "podrá crear riesgos al sistema financiero, generando un proceso de inestabilidad e inseguridad", advirtio el vocero presidencial, Sergio Amaral.
El presidente Fernando Henrique Cardoso consideró "inoportuna e inconveniente" la iniciativa y destacó su carácter netamente político, al restringir las investigaciones a su período de gobierno, iniciado el 1 de enero de 1995, cuando los hechos denunciados en algunos bancos empezaron mucho antes.
La creación de la CPI obedece al nuevo escándalo financiero en Brasil, el del Banco Nacional, una de las grandes entidades del sector privado, que ocultó por 10 años pérdidas que ascendieron a cerca de 5.000 millones de dólares, sin que se diera cuenta el Banco Central, responsable de la fiscalizacion.
Para mayor preocupación del gobierno, de los 29 senadores que firmaron la solicitud de la CPI, 15 pertenecen a partidos que integran la coalicion oficialista.
Otro susto lo ocasionó, en la noche del mismo miércoles, la derrota de la reforma de la seguridad social en la Cámara de Diputados. El gobierno esperaba entre 320 y 350 votos a favor, pero solo obtuvo 294, 14 menos de los necesarios.
Para la aprobación de una enmienda constitucional se necesita una mayoría de tres quintos de los 513 diputados, o sea un mínimo de 308 votos.
La propuesta derrotada fue presentada por el diputado Euler Ribeiro, luego de largas negociaciones entre el gobierno, los partidos y las centrales sindicales.
En la víspera, el presidente de la Central Unica de Trabajadores, Vicente Paulo da Silva, retiró su apoyo a la propuesta, por no contemplar muchos de los puntos acordados.
Durante la sesión de la Cámara, el sindicalista comandó una manifestación de 2.000 trabajadores contra la reforma y para muchos analistas su posición fue decisiva para la derrota del gobierno.
Según el ministro de Prevision Social, Reinhold Stephanes, quien encabezó las negociaciones por el gobierno, influyó el hecho de ser un año electoral. El 3 de octubre habrá elecciones municipales, muchos diputados serán candidatos a alcalde y temen contrariar intereses locales.
La propuesta de Ribeiro sustituía, con respaldo oficial, el proyecto de enmienda constitucional originalmente propuesto por el gobierno el año pasado.
Con el rechazo, vuelve a los trámites parlamentarios ese proyecto original, pero ya nadie cree que tenga mejor suerte, después de ser rechazada una propuesta que incorporaba muchos reclamos de la oposicion y "era menos mala", según Da Silva.
"Hay que renengociar, empezar de cero", reconoció Benito Gama, uno de los diputados oficialistas más influeyentes.
"El Congreso es responsable por su decisión", afirmó Stephanes, advirtiendo que la reforma "es urgente e indispensable" y la demora representará graves daños para el país.
La seguridad social es una fuente creciente del déficit público, apuntado por los economistas como la mayor amenaza contra la estabilización económica del país.
Otra fuente la constituyen los salarios del sector público, junto con los altos intereses de la deuda interna.
Con las derrotas en el parlamento aumenta la incertidumbre sobre las posibilidades de aprobar otra enmienda constitucional, la de la reforma administrativa, que busca precisamente contener el gasto público.
En las últimas décadas, los gobiernos federal, estaduales y municipales ofrecieron grandes ventajas a sus funcionarios, anuladas enseguida por la elevada inflación crónica.
Con el fin de ese proceso inflacionario, los mecanismos de compensación se hacen efectivos y los gastos salariales crecen mucho más que la recaudación de los gobiernos, dijo Cardoso.
Tanto la reforma administrativa como la de previsión social afectan "intereses y privilegios" del pasado, lo que dificulta su aprobación, comentó Stephanes, pero sin ellas se profundizará el déficit público.
No obstante, el riesgo de la CPI podría ser más inmediato. Habrá "quiebras en serie de los bancos", advirtió el senador Ney Suassuna, presidente de la comisión del Senado que examina el programa gubernamental de reestructuración del sistema financiero.
Aún así, Cardoso dijo que no opondrá obstáculos a las investigaciones y ofrecerá "toda la información necesaria".
El gobierno tiene la alternativa de boicotear la CPI, impidiendo que los partidos que lo apoyan nombren representantes. Si no se instala en los próximos seis meses, quedaría sin efecto. (FIN/IPS/mo/ag/ip-if/96)
