Los regímenes laborales constituyen el mayor obstáculo para los propósitos de varios gobiernos latinoamericanos de privatizar los servicios y las instalaciones portuarias, según un estudio de Cepal.
En los puertos de la región predominan "servicios monopolísticos de manipulación de carga", gracias al control de los sindicatos sobre la oferta de mano de obra, sostiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
"Privatización, reforma laboral y equidad social: el caso de los puertos de América Latina y el Caribe" se denomina el estudio que difundió la División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento de la agencia regional de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.
El informe, que recoge las conclusiones de numerosos seminarios organizados por Cepal en la región, advierte que los gobiernos latinoamericanos "enfrentan la opción de abocarse a la reforma de los puertos o mantener un statu quo que deprime el comercio".
Los puertos tienen una importancia estratégica en el estilo de desarrollo imperante, que se basa en la apertura de las economías y en políticas de crecimiento que se sustentan en la expansión constante de las exportaciones.
Las empresas portuarias están mayoritariamente en manos de los estados y muestran una baja productividad en sus faenas de manipulación de carga en comparación con sus similares de los países industrializados.
Los costos para un país por concepto de exportaciones perdidas a causa de ineficiencias operaciones en los puertos podrían ascender en América Latina hasta 1.000 millones de dólares al año, según estimación de los expertos de Cepal.
El estudio registra el caso de un barco en un puerto no identificado de la región que necesitó 46 horas para movilizar 160 contenedores, en circunstancias de que las faenas debían realizarse normalmente en 23 horas.
La estructura de costos en los terminales portuarios implica que los exportadores latinoamericanos sólo reciban 40 por ciento del valor CIF (costo, seguro, flete) de sus productos, mientras sus homólogos de países industrializados perciben 60 por ciento.
Las deficiencias operativas en los puertos son atribuídas a los regímenes laborales acordados en las últimas cinco décadas entre los gobiernos de las región y los sindicatos de estibadores, que pasaron a controlar la oferta de mano de obra.
Estos convenios apuntaron a corregir la situación que imperaba secularmente, en que los empresarios marítimos eran quienes establecían las condiciones de empleo de la mano de obra en los puertos.
Según Cepal, al atender las reivindicaciones sindicales los gobiernos aislaron las actividades laborales portuarias de las señales del mercado y "originaron servicios monopolísticos de manipulación de la carga".
"Así, se ha creado un entorno altamente político, que fomenta las prácticas de trabajo ineficientes, las relaciones laborales destructivas, la supervision impotente, los altos costos y el desmesurado exceso de personal", afirma el estudio.
Para Cepal, es imperioso eliminar esos costos e ineficiencias en el actual contexto de una economía globalizada con uso de insumos de todo el mundo y de creciente importancia del comercio internacional en la macroeconomía.
La globalización y la apertura comercial obligan también a plantearse una reestructuración de la mano de obra que es "inherente a la utilización de equipos de uso intensivo de capital", subrayan los expertos del organismo regional.
La mano de obra aparece así como "el mayor impedimento" para los procesos de privatización de instalaciones y servicios con que los gobiernos se proponen encausar reformas normativas y reguladoras para aumentar la productividad portuaria.
No se trata, según Cepal, de retrotraer las relaciones obrero- patronales al antiguo sistema, sino de asumir que en la globalización "los objetivos comerciales de usuarios y empresarios marítimos y las metas sociales de los estibadores se han vuelto complementaries e interdependientes".
En un esfuerzo colectivo y compartido, el poder de negociación de los sindicatos portuarios debe desplazarse de la esfera política a la comercial, buscando participación en las utilidades y la propiedad de las empresas portuarias.
El estudio de Cepal insta asimismo a los empresarios a negociar con la parte laboral resguardos en planes de capacitación, colocaciones, indemnización y jubilaciones anticipadas para trabajadores que sean despedidos por exceso de personal en la reestructuración portuaria.
Por último, los gobiernos deben abandonar sus tendencias a resolver los problemas comerciales y laborales por medios politicos y "a dar por supuesto que las políticas y legislación nacionales tienen preeminencia sobre los mecanismos del mercado". (FIN/IPS/ggr/dg/lb-if/96)
