La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño está generando una silenciosa pero a la vez profunda revolución legislativa en los países de América Latina y el Caribe.
"América Latina es líder en esta materia en el mundo entero", dijo a IPS la chilena Marta Maurás, directora de la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con sede en Santafé de Bogotá.
Ocho países latinoamericanos ya hicieron reformas legislativas completas y varios más están en proceso de adecuar sus normativas internas a la Convención que entró en vigor con la Cumbre Mundial de la Infancia, celebrada en septiembre de 1990 en Nueva York.
Maurás visitó Santiago de Chile este mes para presentar un informe sobre el trabajo infantil en la región, elaborado conjuntamente por Unicef y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Unicef está abocado también a la preparación de la tercera Reunión Ministerial sobre Infancia y Política Social, que se llevará a cabo en Santiago el 8 y 9 de agosto próximo y congregará a representantes de 28 gobiernos americanos.
España y Portugal asistirán como observadores a este encuentro, que antecederá a la VI Cumbre Iberoamericana, programada para octubre en la capital chilena y que incluirá en su agenda el tema de la infancia.
Se continuará así la experiencia de la 1994, cuando se celebró en Bogotá la segunda reunión ministerial interamericana, de la cual emanó el Compromiso de Nariño, llevado a la IV Cumbre Iberoamericana realizada ese año en Cartagena de Indias.
Maurás subrayó que son los propios gobiernos del continente, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, que se han fijado estos ciclos de reuniones bianuales para examinar el cumplimiento de las metas trazadas en la Cumbre Mundial de la Infancia de 1990.
Se trata, como apunta la directora regional de Unicef, de generar evaluaciones e iniciativas previas a las reuniones de gobernantes para optimizar y aunar esfuerzos con una suerte de "economía de escalas en materia de cumbres".
Con excepción de Estados Unidos, que alega problemas constitucionales para no hacerlo, los otros 27 países que participarán en la cita de agosto ya ratificaron la Convención de los Derechos del Niño.
En el encuentro de Santiago se examinará también el cumplimiento de las metas hacia el año 2000, acordadas en 1990 a través del Plan de Acción y la Declaración Mundial para la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo de los Niños.
El plan fijó "metas de la mitad de la década" para 1995, cuya evaluación entrega un balance que, "en términos generales, en promedio, evidentemente es positivo en América Latina y el Caribe", dijo Maurás.
"Sin embargo -agregó- es preciso anotar las grandes diferencias que hay, por ejemplo, entre países como Chile, con una mortalidad infantil de 13 por mil, y Haití, que tiene una mortalidad 15 veces mayor".
Pero están también las desigualdades al interior de los países, como el propio Chile, con grandes diferencias en los índices de mortalidad entre comunas (municipios) pobres y ricos, puntualizó la funcionaria de Naciones Unidas.
Los grandes desequilibrios en la distribución del ingreso, así como la persistencia de bolsones de pobreza en prácticamente todos los países, siguen siendo un obstáculo en la región para las metas de protección y supervivencia de la infancia.
Unicef está promoviendo la preocupación de los gobiernos y la sociedad civil no sólo por la salud, nutrición y educación, sino también sobre los desafíos o temas emergentes, como el trabajo infantil, el maltrato, la drogadicción y las discriminaciones de género.
Es en función de estos aspectos que interesan las reformas legales y jurídicas de adecuación a la Convención de los derechos del Niño, largamente debatida durante una década en Naciones Unidas antes de su adopción en 1990.
Según Maúras, el desafío va más allá de los códigos y leyes, entendiendo que la protección de la infancia involucra también cambios no solo legales, sino también en materia de conocimientos y en la actitud con que se aborda la temática infantil.
"Por ejemplo, la justicia juvenil es realmente y absolutamente obsoleta en casi todos nuestros países. No corresponde para nada a la moderna doctrina de derechos del niño y así ocurre también con el resto de la legislación", dijo.
Los antiguos códigos sobre la filiación de los hijos, que los diferencian entre "legítimos" y "naturales", o acerca del tratamiento laboral o penal hacia los niños se contradicen con una real protección a la infancia y de ahí la necesidad de una modernización global del sistema.
"Muchos jueces entienden aún por protección de los niños su institucionalización", señaló Maurás, aludiendo a la internación de menores en hogares especiales, concebidos originalmente para huérfanos o sentenciados a penas de reclusión.
"En Chile hay 23.000 niños institucionalizados. ?Qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera están fuera de su casa, de su familia, para protegerlos. ?Protegerlos de qué? De situaciones de pobreza", indicó la directora regional de Unicef.
"En otras palabras, por razones socioeconómicas, 60 por ciento de los niños que están institucionalizados no deberían estarlo, si hubiera políticas más integrales de atención a la familia", puntualizó Maurás.
"También en Uruguay, que es un país pequeño, hay 3.500 niños institucionalizados, de los cuales sólo unos pocos están privados de libertad por razones penales, delictivas. Todos los otros lo están por razones socioeconómicas", agregó.
Ello ocurre porque la mayoría de los jueces de menores han sido formados bajo la doctrina tutelar, que es anterior a la Convención de los Derechos del Niño, y en la cual los menores por tanto no tienen derechos, explicó Maurás.
El niño, entonces, debe ser tutelado, en primer lugar por sus padres y, en segundo lugar por jueces que no tienen una normativa que les permita establecer adecuadamente los parámetros de la protección, aún cuando resuelvan con las mejores intenciones.
"Esos son los jueces que institucionalizan a los niños o que, en otras ocasiones, los devuelven a situaciones familiares que son tremendamente peligrosas. Entonces, vemos que la actitud de los jueces, las policías y los trabajadores sociales tiene que cambiar", subrayó la alta funcionaria de Naciones Unidas. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-pr/96)
