ALUMINIO: Venezuela privatizará en bloque sus plantas reductoras

Venezuela privatizará en bloque sus empresas del sector aluminio, con dos plantas que producen 625.000 toneladas anuales del metal, confirmó el presidente de la estatal Corporación de Guayana, Elías Ynaty.

Integran el sector las reductoras Alcasa (210.000 toneladas anuales) y Venalum (415.000 toneladas), esta última fusionada con una productora de 2,5 millones de toneladas/año de bauxita, que otra planta convierte en más de un millón de toneladas anuales de alúmina, insumo directo del aluminio.

Completa el sector Carbonorca, una fábrica de ánodos para la reducción del metal. Todo el grupo de plantas se ubica 500 kilómetros al sureste de Caracas, en la mítica Guayana, cerca de un complejo siderúrgico y de una represa que genera 10.000 megavatios de electricidad.

Venezuela vende al exterior unas 425.000 toneladas anuales de aluminio primario, principal rubro de exportación después del petróleo y sus derivados.

Ynaty dijo que la Corporación de Guayana acogió las recomendaciones de las firmas de consultoría Merril Lynch y Baker- Makenzie para proceder a la privatización en bloque de todo el sector, lo que podría verificarse este año.

El ministro de Hacienda, Luis Matos, dijo que la privatización de las empresas de aluminio ingresará 1.000 millones de dólares en 1995 al presupuesto de gastos del Estado, que roza los 17.000 millones de dólares.

El sector aluminio tiene activos por unos 4.000 millones de dólares y una deuda externa de 1.300 millones. Matos dijo que el ingreso fiscal se producirá por retribución al Estado como accionista mayoritario o por cobro de deudas cuando se cotejen activos y pasivos de las empresas.

En Alcasa, la empresa estadounidense Reynolds tiene ocho por ciento de acciones, y en Venalum un grupo de cinco firmas japonesas, incluyendo la división aluminio de Kobe Steel, posee 20 por ciento.

De los accionistas japoneses, encabezados por la compañía Showa Denko, han surgido discrepancias con las modalidades de privatización que plantea el gobierno de Venezuela, pues los socios asiáticos desean capacidad de veto respecto de posibles compradores. (FIN/IPS/hm/dg/if/96)

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