Los empresarios de Venezuela advirtieron el peligro de una explosión social por el empobrecimiento de la población y la existencia de un "vacío de poder", y exigieron al gobierno una inmediata rectificación económica, en una declaración publicada hoy.
La ofensiva del sector contra el presidente Rafael Caldera aumentó al anunciar el gremio de los comerciantes que acusarán al gobierno central ante el organismo que defiende a los consumidores por presunto acaparamiento de divisas.
Fedecámaras, máximo organismo de los empresarios, alertó que "el nivel de tensión que se está incubando, producto del colapso político y social que vive el país por los desaciertos de los conductores de política económica, podría alcanzar consecuencias no previstas".
Esas consecuencias "ponen en peligro la institucionalidad de la nación", sostuvo el organismo, conformado por unas 300 cámaras de comercio, producción y servicios en todo el país.
"Vivimos una crisis agravada en las últimas semanas por la ineficacia de una gerencia pública", dice la declaración, y como ejemplo señaló la depreciación de la moneda, pues "ningún país soporta pasar de 170 a 440 bolívares por dólar en escasas 10 semanas".
La falta de un programa coherente ha sido el reclamo más frecuente a Caldera en los dos años que lleva de gobierno, y los ocho planes que el Ejecutivo ha presentado fueron criticados por empresarios y economistas como "colcha de retazos", sin medidas para instrumentarlos.
El último plan o "Agenda Venezuela", una decena de objetivos de política económica, fue presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre, para apoyar una solicitud de préstamo por 3.000 millones de dólares.
"Un pacto con el FMI al menos daría al gobierno un programa a seguir", dijo en medio de la ola de críticas Miguel Rodríguez, ex ministro de Planificación del presidente Carlos Andrés Pérez (1989- 1993) y artífice de un acuerdo con el Fondo en 1990.
Mientras la estatal industria del petróleo registra buena salud, la economía no-petrolera lleva tres años seguidos de recesión, el desempleo creció de ocho a 12 por ciento (oficialmente) y la inflación acumulada en los dos años de Caldera es de 177 por ciento.
En enero de 1996 la inflación fue de 8,1 por ciento, con alzas de 85 por ciento de los alimentos, y para febrero se la prevé de siete por ciento, tras ajustes de hasta 70 por ciento en medicinas, tarifas del metro y pasajes aéreos.
El gobierno ajustó 45 por ciento el salario mínimo en febrero, devengado por más de la mitad de los trabajadores, y lo colocó en 155 dólares, pero el parlamento le negó el apoyo que pauta la ley y pidió acercarlo al costo de la canasta alimentaria básica, de unos 210 dólares.
La exasperación de consumidores, usuarios, productores y comerciantes aumenta por la existencia desde junio de 1994 de un control de cambios, traducido en racionamiento de divisas.
Los empresarios argumentan que para obtener dólares con los cuales importar equipos, repuestos y bienes de consumo -los venezolanos importan uno de cada tres kilos de lo que comen- deben acudir al mercado paralelo, marcado por la venta de bonos Brady de la deuda externa en la bolsa de valores.
Pese a que el gobierno devaluó la moneda en diciembre, de 170 a 290 bolívares por dólar, para acercar la tasa oficial a la Brady, la divisa siguió disparada en el mercado paralelo y el viernes se transó a 455 bolívares por dólar.
Fedecámaras señaló que "las cuentas externas siguen siendo muy fuertes, producto de exportaciones de más de 16.000 millones de dólares anuales y un nivel de importaciones que en su punto más alto llega a 9.000 millones".
Esa situación "nos lleva a denunciar que la única explicación a los resultados económicos es una falta de pericia de las autoridades", señaló el organismo empresarial.
Eliseo Sarmiento, presidente de los comerciantes, dijo que acusarán al gobierno ante el Instituto de Defensa del Consumidor, un brazo del ejecutivo, por "acaparamiento de divisas, que provoca distorsiones de la economía y nos hacen a todos los venezolanos más pobres cada día".
Utilizando la consigna de la Iglesia Católica durante la visita del Papa Juan Pablo II hace dos semanas, Fedecámaras pidió al gobierno que "despierte y reaccione" con la aplicación de medidas de urgencia.
Al dotarse de un programa económico y desmontar el control de cambios, el gobierno debería "poner positivas las tasas de interés y atacar el problema del déficit fiscal, lo cual genera la impresión de billetes y tienta al gobierno para devaluar".
"Se están acentuando los síntomas de una explosión social", subrayó Fedecámaras, por lo que "hay que rescatar la credibilidad y la confianza a través de una total rectificación de la vida económica venezolana".
Para ese rescate "hay que actuar con premura, si queremos resguardar las instituciones que nos rigen, dentro de un concepto democrático", concluyó el texto de los empresarios.
Caldera podría anunciar cambios en su esquema populista y de controles sobre la economía durante su mensaje anual a la nación el 12 de marzo, según algunos analistas políticos.
Mientras, como sucede desde que en 1992 se produjeron dos cruentas sublevaciones militares, rumores de intranquilidad en los cuarteles acompañan la expectación de los distintos sectores por un posible "cambio de rumbo" económico. (FIN/IPS/hm/jc/if-ip/96)
