La admisión de funcionarios japoneses que el gobierno debe asumir su responsabilidad por la propagación del virus HIV entre 2.000 hemofílicos, agudizó la desconfianza pública en lo que antes fué un ejemplo de burocracia oficial.
Muchos observadores dijeron que si se tienen en cuenta los desastres naturales, como el terremoto de Kobe, el ataque con gas nervioso en el subterraneo de Tokio y la mala administración en los últimos 13 meses, la admisión sobre el escándalo de la sangre es la píldora más amarga que el gobierno debió hacer ingerir al público.
En las últimas semanas, el ordinario ciudadano nipón ha voceado cada vez más sus protestas contra el plan del gobierno de rescatar a bancos y compañías de crédito para viviendas en quiebra mediante impuestos por 360 millones de dólares.
"Por el contrario, el gobierno debería usar nuestro dinero para mejorar nuestro estilo de vida", dijo un joven individuo que tomaba parte en una reciente demostración, en la cual se invitaba a peatones a golpear con bastones de madera imágenes en plástico, colocadas en fila, de funcionarios del Ministerio de Finanzas.
Algunos analistas dijeron que las expresiones de disgusto del público, sumadas al deseo de llevar al gobierno a los tribunales para resolver litigios, reflejan a una sociedad cansada de la manera en que la potente burocracia nipona maneja sus asuntos.
"Despues de años de duro trabajo por el bien del país, cada vez más gente esta diciendo 'ahora llegó nuestro turno de disfrutar' malgrado la burocracia", dijo Yuji Sakai, de 50 años, propietario de una verdulería, quién se ha unido a un movimiento ciudadano que exhorta a no pagar impuestos este año en protesta por el plan gubernamental de salvataje de bancos en quiebra.
Los analistas no prevén una "revolución popular" como la que tuvo lugar en Filipinas hace 10 años y derrocó al dictador Ferdinando Marcos, porque ese liderazgo no existe en Japón.
"Sin embargo hay gran desencanto individual con el actual sistema. No se puede negar el creciente clamor para que el público tenga un papel más activo", observó la abogada Mizuho Fukushima, una organizadora de campañas por los derechos de la mujer.
El aumento de la rabia popular y la desconfianza, previsiblemente, se canalizará en demandas ante los tribunales. En la actualidad, varios capitanes de industria y ministros afrontan querellas judiciales referidas a cuestiones de salud, ambiente y elecciones, previstas constitucionalmnente para el año próximo.
El último escandalo está referido al empleo de sangre importada que infectó casi la mitad de 4.500 hemofílicos nipones con el virus HIV, que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
"El Ministerio de Salud y Bienestar Social, así como el gobierno, son los responsables de todo", admitió Naoto Kan, el ministro del ramo.
Hablando a un sollozante grupo de hemofílicos infectados con SIDA y sus familiares, añadió: "tambien me disculpo que el ministerio haya tomado tanto tiempo para poner en claro su responsabilidad".
La admisión, en efecto, ha llegado demasiado tarde: 12 años despues que los hemofílicos infectados demandaron al gobierno que inició la distribución de la sangre en 1983.
No obstante, para la acongojada madre que lleva la fotografía de su hijo muerto porque le inyectaron sangre contaminada con HIV, la disculpa de Kan se convierte en un hecho significativo. "Despues de todos estos años, mi hijo pueden reposar en paz", musitó.
Sin embargo, con la admisión, las repercusiones parecen haber comenzado. El lunes, el vicepresidente de la Universidad Teikyo, Takeshi Abe, renunció. El docente habia encabezado un equipo de estudio sobre sida formado por el Ministerio de Salud en 1983.
Al mismo tiempo, el gobierno anunció un acuerdo con la firma farmacéutica Baxter International para llergar a un arreglo en una demanda interpuesta por 200 hemofílicos infectados con HIV, como resultado de la transfusión de sus productos sanguíneos.
La compañía estadounidense es una de la cinco acusadas de vender sangre contaminada con virus HIV. En octubre pasado, los tribunales distrituales de Tokio y Osaka aconsejaron al gobierno y las compañías de llegar a un acuerdo por el cual cada una de las víctimas recibira 450.000 dólares.
Este escándalo, sumado al plan de salvataje anunciado poco despues que el primer ministro Ryutaro Hashimoto tomó en enero las riendas del poder de Tomiichi Murayama, puede resultar un duro golpe para la coalición gobernante integrada por el Partido Demócrata Liberal (LDP) y el Partido Socialista.
Murayama renunció cuando el caso de los préstamos para vivienda de companias en bancarrota llegó a su punto de ebullición.
"Las consecuencias del último escándalo en una sociedad como la japonesa, que está edificada sobre una relación de confianza entre el gobierno y el pueblo, todavía están por verse", dijo Fukushima.
Haciendo referencia a los actos celebratorios el fin de semana pasado en Manila de la revolución popular filipina que derribó a Marcos y llevó a Corazón Aquino al poder, la abogada señaló que en Japón no hay un solo tema que pueda unir a la gente en una movilización semejante.
"Los bolsones de rabia visibles en la gente son esporádicos. No hay lugar para un amplio movimiento…, todavía', dijo Fukushima.
Osamu Yasuda, director del Instituto de Investigaciones Nomura, una de las principales instituciones financieras niponas, dijo que el legado de la revolución democrática en Filipinas podría desalentar a un movimiento masivo semejante en Japón.
En un reciente artículo de opinión, Yasuda escribió: "(Corazón) Aquino puede brillar en la historia filipina porque sucedió al gobierno violento de Ferdinando Marcos, pero perdió estatura a raíz del lento desarrollo económico del país". (FIN/IPS/tra-en/sk/cpg/ego/ip-he).
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