Los ministros y representantes de empresas de energía occidentales reunidos en esta ciudad no conversarán sobre los derechos de los indígenas cuyas tierras están amenazadas por la explotación de petróleo y gas natural.
El encuentro, de cuatro días de duración, comenzó el martes con la participación de compañías estatales, autoridades de gobierno y empresas multinacionales como Amoco, Chevron, Exxon, Enron, Mobil, Occidental, Shell y Texaco.
Se trata de un seguimiento de la Cumbre de las Américas realizada en Miami en diciembre de 1994, que discutió temas comerciales de la región.
Además de la financiación de obras de energía, las conversaciones incluyen la organización de una Conferencia Interamericana sobre Gas y Petróleo y una revisión de la privatización en América, la crisis económica de México y los acuerdos comerciales regionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Sin embargo, el tema clave de los derechos amenazados de los indígenas está fuera de la agenda.
Comunidades aborígenes de todo el continente americano han condenado la prospección de petróleo y gas natural en sus territorios, y muchas de las compañías representadas en la conferencia fueron atacadas por la destrucción que provocan en tierras nativas.
Maxus, una empresa con sede en Dallas y principal patrocinadora de la conferencia, es una de ellas. El pasado abril, indígenas huaoranis de Ecuador tomaron control de pozos de petróleo de Maxus en la Amazonia ecuatoriana.
"Desde su llegada a este país, Maxus implementó un intensivo plan de persecución en un esfuerzo por debilitar la resistencia del pueblo huaorani", dice una declaración oficial de la Organización de la Nación Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana.
Grupos nativos de Ecuador también demandaron a Texaco por la contaminación masiva de sus tierras, mientras Mobil fue condenada por sus actividades de exploración en la región Madre de Dios, en Perú, donde habitan los indígenas toeri, zapateri, amarakaire y esse-eja.
En el extremo sur del continente, comunidades locales criticaron a GasAndes, un consorcio argentino-canadiense que está construyendo un gasoducto desde Neuquén, Argentina, hasta Santiago de Chile, por iniciar las obras sin haber realizado evaluaciones de impacto ambiental adecuadas.
El Movimiento por los Bosques Tropicales del Mundo, de Gran Bretaña, y el grupo Survival International denunciaron la muerte de indígenas venezolanos wayuu y yupca a manos de militares y policías, cuando compañías estatales ocuparon sus tierras de Sierra de la Perija para realizar exploración de petróleo y carbón.
Mientras, en Colombia, las comunidades indígenas y de origen africano alegan que el gobierno ignoró sus derechos al desarrollar nuevos yacimientos de petróleo en Cuisiana y Cusiagua, en el este del país.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, levantó en noviembre una prohibición vigente desde 1973 que impedía la explotación petrolera en la reserva de fauna de Alaska.
La comunidad gwich'in se opuso enérgicamente a la medida, argumentando que las perforaciones afectarán gravemente las manadas de caribúes, de las cuales depende su supervivencia desde hace 20.000 años.
Grupos ambientalistas como Sierra Club afirmaron que la decisión de Clinton fue alentada por compañías petroleras y de gas natural que pagaron grandes sumas de dinero a miembros del Congreso, principalmente bajo la forma de contribuciones a campañas electorales. (FIN/IPS/tra-en/pc/yjc/ml/en/96)
