Diversas organizaciones humanistas, nacionales y extranjeras, así como miembros de la Iglesia Católica y personalidades de Ecuador exigieron hoy la liberación de siete campesinos acusados de realizar una emboscada a efectivos del Ejército y la policía.
Los campesinos fueron condenados a 12 años de prisión el día 15 por el tribunal de Tena, capital de la provincia oriental de Napo, por un ataque que habrián cometido en diciembre de 1993 contra tropas que circulaban por el río Putumayo.
En la emboscada murieron ocho agentes de la policía y cuatro soldados. Según el testimonio de 17 personas, el ataque fue realizado por hombres armados y entrenados, presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Se capturaron a 11 campesinos dos días despues de la supuesta emboscada. Ellos se encontraban bastante lejos del lugar de los hechos y no se les encontró ningún tipo de armas, ni municiones, ni ninguna otra prueba de su culpabilidad", comentó Carlos Terán, miembro del Comité Coordinador "Caso Putumayo".
Cuatro de los once detenidos por el ejército ecuatoriano consiguieron la libertad, gracias a las reiteradas presiones de las organizaciones por los derechos humanos. Sin embargo, "los siete restantes fueron considerados como guerrilleros", apuntó Terán.
La organización Amnistía Internacional, según comunicado difundido este viernes por el diario Hoy de la capital, recibió con preocupación la sentencia a "los siete del Putumayo", como se les conoce, pues considera que no existen pruebas fehacientes que los vinculen con algún grupo guerrillero.
En octubre de 1995, el caso pasó a jurisdicción civil y quedó en manos de la corte Superior de Justicia de Napo, Tena.
En este proceso, José Gallardo, ministro de Defensa en la época de la emboscada, solicitó al presidente de la Corte de Napo que "actúe con equidad".
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto López, consideró est viernes que "se deberá exigir la destitución de los jueces del Tena", ya que "su actuación ha sido al margen de la constitución y bajo presión de algunos sectores de las Fuerzas Armadas".
Según el Comité Coordinador del "Caso Putumayo", que agrupa a diversas organizaciones no gubernamentales y religiosas, las únicas pruebas contra los siete campesinos son las declaraciones de autoinculpación, que fueron arrancadas mediante la tortura.
Esos apremios habrán quedado demostrados, según el comité, por el lenguaje presuntaamente utlizado por los campesinos en sus declaraciones ante la justicia, que no coincide con el que emplea la gente del campo. Los sentenciados presentaron además numerosas denuncias de haber sido sometidos a torturas. (FIN/IPS/mg/dg/ip/96).
