La certificación que Estados Unidos estudia para Colombia estará basada más en el elemento político de presión y castigo que este instrumento ha adquirido en la época de la posguerra fría, que en los aspectos técnicos con que fue creada.
Este factor político explica que Colombia enfrente el 1 de marzo una posible certificación sólo por "razones de seguridad nacional", o incluso ser descertificada, pese a haber presentado buenos resultados en su lucha antidrogas en 1995, señaló el experto Juan Tokatlián.
Para Colombia, este año "el procedimiento será más inquisitivo debido a los reveses de la estrategia doméstica antidrogas", dijo Tokatlián, investigador del Centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, la principal del país.
El proceso de certificación fue instaurado unilateralmente por Estados Unidos en 1986, durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, con el argumento de que las drogas ilícitas constituían una amenaza letal para la seguridad nacional de ese país.
Según el experto, el descontrol en el consumo interno y la necesidad de contar "con un instrumento diplomático de presión y castigo para los países ligados a la red del narcotráfico son las razones que llevaron a Estados Unidos a la adopción de esta medida.
Estos dos factores hicieron del proceso de certificación "la herramienta perfecta para trasladar al exterior los fracasos de la politica antidrogas interna", añadió.
En esta primera etapa, el proceso se manejó más que con la lógica prohibicionista, con los paradigmas de la guerra fría. Se certificaba plenamente a aliados cercanos como Colombia o por razones de interés nacional por su posición estratégica a países como Nigeria y se descertificaba a enemigos como Irán.
En esta década, con el fin de la guerra fría, la certificación alcanzó un tratamiento prioritario, al ligarse el tema de la seguridad nacional al del crimen transnacional.
En 1993, el gobierno del presidente Bill Clinton elevó el perfil punitivo del proceso, presionado por los precarios resultados de la lucha antidrogas y las críticas del grupo republicano del Congreso frente al fenómeno del narcotráfico.
En ese marco, Colombia obtuvo en su evaluación correspondiente a 1994 certificación por razones de seguridad nacional, que presionó al gobierno para la captura de la cúpula del Cartel de Cali, que controlaba 80 por ciento del mercado mundial, según la agencia antidroga estadounidense (DEA)
Si para el otorgamiento de la certificación se tomaran en cuenta los criterios técnicos con que fue creado el instrumento, Colombia tendría derecho a la certificación, ya que no sólo capturó en 1995 a la cúpula del Cartel de Cali, sino que presentó resultados cuantitativos que serian su mejor carta.
El Centro de Información de Colombia (CIC), de la Presidencia, indica que en 1995 el país gastó 984 millones de dólares en su lucha contra el narcotráfico, en tanto la ayuda estadounidense es de sólo 13,5 millones de dólares anuales.
Entre las acciones realizadas el CIC destaca la destrucción de 25.466 hectáreas de coca y 4.249 de amapola -materia prima para la heroína-, se destruyeron 573 laboratorios, fueron capturados 2.634 narcotraficantes y se incautaron 4,2 billones de dosis de cocaina y 1,3 billones de heroína.
Sin embargo, para la evaluación de 1995, el criterio de politización con que el Congreso estadounidense evalúa a Colombia tendrá más en cuenta la crisis institucional desatada por los presuntos aportes del Cartel de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper.
Tokatlián estima que en caso de que Colombia sea descertificada, para evaluar las consecuencias de la medida habría que tener en cuenta los motivos de la misma.
Según el experto, con una descertificación "blanda", el pais perdería la asistencia oficial de Estados Unidos, pero continuaría recibiendo colaboración en ciertos aspectos de la lucha antidrogas para la Policía y la Fiscalía General.
Desde el punto de vista financiero, con una certificación blanda los delegados estadounidenses ante en los organismos multilaterales de crédito deben votar negativamente los créditos a Colombia, pero no conformaría coaliciones para vetarlos.
El senador Juan Restrepo, del Partido Conservador, dijo que la certificación "dura" representaría por el contrario un claro mensaje que empujaría al abismo a Samper y "puede dar base a mecanísmos proteccionistas que serían graves para el país".
En el Congreso estadounidense circulan permanentemente iniciativas para frenar exportaciones sensibles que contra un pais descertificado tendrian más fácil acogida, afirmó.
El empresariado colombiano, que la semana pasada realizó una intensa actividad diplomática ante el Congreso y el gobierno estadounidenses, considera que el país sudamericano merece la certificación, pues una cosa es la crisis del gobierno de Samper y otra los resultados que se han obtenido en la lucha antidrogas. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
