La Comision de Acusaciones de la Camara de Diputados de Colombia investiga formalmente a partir de hoy al presidente Ernesto Samper, acusado de enriquecimiento ilicito, falsedad de documentos, fraude electoral y encubrimiento.
El cuerpo legislativo comenzo la investigacion tras la denuncia que el fiscal Alfonso Valdivieso presento este miercoles, cuya conclusion central es que "el presidente esta seriamente comprometido" en esos delitos.
Valdivieso afirmo este jueves que la Fiscalia no agregara ningun pronunciamiento al ya presentado y que estara a la expectativa de lo que suceda en la Comision de Acusaciones de la Camara de Diputados, el organo competente para investigar al jefe del Estado.
El profesor de Derecho Augusto Torres dijo que la denuncia de Valdivieso no incluye una calificacion de la gravedad de los delitos que se le imputan a Samper a los efectos de la eventual condena, pues se debe limitar a describir los hechos para que el juez determine si se trata de conductas punibles.
Torres explico a IPS que en casos como el de Samper, quien goza de fueros especiales, ni la Fiscalia ni el Congreso tienen competencia para definir la responsabilidad penal, de la que si dispone la Corte Suprema de Justicia.
Existen diferentes interpretaciones en cuanto a que el enriquecimiento ilicito recaiga sobre la cabeza de Samper, como establecio Valdivieso en su denuncia.
La posicion del fiscal se desprende de las declaraciones de los principales encargados de la campana de Samper en 1994, Fernando Botero y Santiago Medina, quienes afirmaron haber recibido dinero de narcotraficantes para los financiar la actividad proselitista del gobernante Partido Liberal.
Segun Valdivieso, este dinero beneficio a un tercero, quien, en este caso, seria quien a la postre logro ser elegido Presidente de la Republica.
Sin embargo, otros juristas opinan que quien se enriquecio ilicitamente no fue el candidato sino la campana, y que, como en materia de derecho penal las responsabilidades no son colectivas sino individuales, no se puede procesar por ello al actual mandatario, segun resena la revista Semana.
Pero el articulo 109 de la Constitucion de Colombia sostiene que el responsable del control de las cuentas financieras de campanas electorales es el propio candidato. Este mismo articulo dio base para las denuncias de la Fiscalia contra Samper por fraude electoral y falsedad de documentos.
En ese sentido, el Consejo Electoral declaro este martes que tanto la campana de Samper como la de su contrincante, Andres Pastrana, del Partido Conservador, insumieron mas del maximo fijado por la ley, el primero en dos millones de dolares y el segundo en 1,1 millones.
La presentacion de un libro contable que omitia aportes presuntamente vertidos a la campana de Samper dio argumentos a las acusaciones de falsedad de documento y fraude procesal.
Medina y Botero dieron base a la denuncia por encubrimiento al declarar que Samper sabia que el fondo de su campana recibio dinero del narcotrafico.
Enterado de la denuncia, Samper dijo estar tranquilo y que confia en que podra demostrar su inocencia, para lo cual pidio al Congreso que levante el secreto en que se desarrolla el proceso para que el debate sea abierto y los colombianos puedan conocer "la verdad completa".
"A mi no me pueden acusar de encubrimiento sino de descubrimiento", afirmo, pues, en su opinion, su actitud le permitira a Colombia descubrir la verdad sobre el presunto ingreso de dinero del narcotrafico a las cuentas de su campana.
Samper afirmo este miercoles ante las camaras de television que esta dispuesto a asumir las responsailidades politicas que le correspondan si se llega hasta "las ultimas consecuencias" para que se sepa si a su campana aportaron narcotraficantes, quien permitio eso y que se hizo el dinero.
El senador conservador Jaime Arias reclamo "la reestructura de la Comision de Acusaciones para que el pais tenga confianza en ella" y el levantamiento la reserva procesal para que "el debate sea abierto al pais".
Arias opino que a partir de este jueves comenzo un proceso que "en el menor de los plazos podria demorar tres o cuatro meses".
Para asegurar la continuidad del debate, las sesiones extraordinarias del Congreso, inicialmente convocadas para antes del dia 15, se celebraran hasta el 15 de marzo, cuando debe comenzar el periodo legislaltivo ordinario. (FIN/IPS/yf/mj/la ip/96)
