Bolivia aguarda con confianza el viernes 1, cuando el gobierno de Estados Unidos dictaminará si aprobó o reprobó el examen en materia de lucha contra el narcotráfico y si, por tanto, es merecedor de su confianza y ayuda financiera.
El gobierno de Bolivia cumplió en 1995 las metas exigidas por Estados Unidos en cuanto a erradicación de plantaciones de coca, principal blanco de Washington en su combate a las drogas respecto del segundo productor mundial del insumo de la cocaína.
Este país sudamericano erradicó algo más de las 5.400 hectáreas de cultivos de coca que Estados Unidos pidió destruir contra riesgo de "descertificar" a este país andino.
La "descertificación" implica la pérdida del aval para que una nación reciba ayuda no sólo de Washington, sino del resto de la comunidad internacional.
En opinión del analista Carlos Toranzo, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, la inminencia latente de la descertificación revierte por completo el carácter de funcionalidad que en el pasado tenía el circuito coca-cocaína en la economía boliviana.
"La descertificación implica coartar el acceso al financiamiento internacional y, seguramente, ser pasibles de un boicot a las exportaciones. Además, un país que es descertificado se convierte en un paria y marginal en el circuito internacional", dijo Toranzo.
El embajador de Estados Unidos en La Paz, Curtis Kamman, dijo el fin de semana que Bolivia no tiene que preocuparse esperando el 1 de marzo, cuando el presidente Bill Clinton enviará un informe al Congreso de su país sobre la cooperación de todos los países involucrados en la producción o tránsito de drogas.
"En este caso (de la certificación), no tengo grandes preocupaciones porque creo que Bolivia estará bien. Pero veremos el anuncio", aseguró el diplomático.
Sin embargo, la certificación estadounidense llegará este año a Bolivia en medio de fuertes temores de los campesinos cocaleros por el posible giro que podrían tomar los planes de erradicación de cultivos de coca, que hasta ahora se han desarrollado en forma "voluntaria y compensada".
El gobierno compensa con 2.500 dólares por cada hectárea de coca que el campesino decide erradicar en forma voluntaria, aunque con un riguroso control por parte de las autoridades.
Pero las dificultades para concertar con el movimiento cocalero parecen anunciar una nueva forma de cumplir con las exigencias de Estados Unidos a través de la erradicación forzosa y la "militarización" de la región del Chapare, donde se concentra casi toda la producción de coca y cocaína de este país.
Esa preocupación campesina se manifestó en diciembre y enero pasados, cuando más de un centenar de mujeres cocaleras del Chapare marcharon por 31 días hasta la sede de gobierno para oponerse a toda forma de erradicación forzosa de cocales y pidiendo el respeto a los derechos humanos en su región.
El movimiento de las mujeres acabó "sin pena ni gloria" con la firma de convenios con el gobierno, en los que se acordó compromisos de buena voluntad y de respeto de los derechos humanos en el Chapare.
Hasta ahora, el gobierno boliviano ha demostrado una mayor fortaleza frente al movimiento cocalero, en buena parte gracias a su ministro de Gobierno (Interior), Carlos Sánchez, el hombre duro del Ejecutivo, que ha mantenido una política férrea e implacable frente a los campesinos.
En el frente externo, el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aún realiza grandes esfuerzos para conseguir de Estados Unidos una ayuda económica significativa, aunque ya no del nivel de los años anteriores.
En enero, Sánchez viajó a Washington para gestionar personalmente una cooperación económica del orden de los 15 millones de dólares para cubrir el gasto que hace el gobierno en compensación por la erradicación de cultivos.
Sin embargo, ese monto, que representa 25 por ciento de lo que hasta hace dos años recibió Bolivia en cooperación antidroga, aún está en negociación y su desembolso no es seguro, según advirtió el embajador Kamman. (FIN/IPS/jcr/jc/ip/96)
