El movimiento femenino en Panamá desarrolla una novedosa alianza con el Estado en procura de equidad social entre géneros, tras varias décadas de lucha para erradicar la discriminación contra la mujer centroamericana.
Las organizaciones que respaldan esta iniciativa aspiran a definir políticas públicas y mecanismos de igualdad de oportunidades de participación en la sociedad civil, dijo a IPS Uranía Ungo, directora de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer.
Este organismo, adscrito al Ministerio de Trabajo, funciona desde 1996 como consultor y asesor en la promoción de la población femenina para su desarrollo en el ámbito político, social y económico.
Según Ungo, esta instancia es fruto de un viejo anhelo popular y tiene como objetivo proponer al gobierno un conjunto de medidas para el mejoramiento de la condición y posición de la mujer en Panamá, país de 2,5 millones de habitantes.
La funcionario aclaró que el Consejo ejecutará en los próximos cinco años un proyecto de "Promoción de la Igualdad en Panamá", que será financiado por la Unión Europea (UE), con un costo de unos 12 millones de dólares.
El proyecto garantizará la capacitación de funcionarios en políticas de género y esta experiencia podrá ser ampliada a los demás países de América Central, donde persisten duras condiciones de discriminación contra la mujer.
Este esfuerzo interpreta el contenido de la Declaración de San Salvador II, suscrita por los presidentes de los países centroamericanos el 31 de marzo de 1995, en apoyo de las oficinas nacionales de la mujer, dijo Ungo.
Para Deidamia Rodríguez, analista de presupuesto en una institución estatal, "es de suma importancia que los gobiernos centroamericanos adopten políticas que aumenten la participación de la mujer y reconozcan sus derechos elementales".
Rodríguez dijo que la creación del Consejo Nacional de la Mujer era un gran paso y estimó que a partir de ahora existe una mayor responsabilidad para la construcción de modelos para un adecuado desarrollo humano.
Este planteamiento fue compartido por la directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Aracelys de León, quien dijo a IPS que está planteado el desafío para que los panameños ingresen a un nuevo siglo con políticas que erradiquen todas las formas de discriminación.
De León opinó que la decisión del gobierno de privilegiar el tema de género, es una respuesta concreta al mandato de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, en septiembre de 1995.
Las delegadas centroamericanas a esa Cumbre abogaron por un mayor acceso de la mujer a la educación y a las instancias de decisión, en la esfera pública y privada, y reclamaron el respeto de los derechos humanos de las indígenas pobres y desposeídas.
Al referirse al caso de Panamá, de León observó que la mujer supera al varón por sus estudios académicos, pero carece de una representación proporcional en los organismos de decisión, como el parlamento, los ministerios y cuerpos gerenciales.
Estudios oficiales revelan que la población estudiantil de la Universidad de Panamá, estimada en más de 50.000 alumnos, está formada en su mayoría por mujeres y se gradúan tres estudiantes del sexo femenino por cada uno del masculino.
Según analistas, este fenómeno puede ser explicado a partir de la gran movilidad de la sociedad panameña y la necesidad de superarse para participar en el mercado laboral.
Pese a esa ventaja educativa, que contrasta con la situación existente en otros países de la región, la mujer profesional en Panamá recibe en promedio un ingreso equivalente a las tres cuartas partes del salario de un hombre.
"Todo ello nos confirma que hemos avanzado en muchos aspectos a favor de los derechos de la mujer y que existe el gran reto de acceder a la toma de decisiones en el campo político, económico y legislativo", dijo de León.
La funcionaria informó que la dirección a su cargo iniciará un plan para incorporar a los programas y libros de texto universitarios el concepto de género, con una visión productiva y no subordinada del papel de la mujer en la sociedad.
La coordinadora del Foro Mujer y Desarrollo, Istmenia Fitzgerald, comentó que la lucha para mejorar la condición implica el logro de metas, como obtener igual salario por igual trabajo, y empleos bien remunerados.
Fitzgerald puntualizó que la incorporación del Estado en la definición de políticas a favor de la mujer y la familia imprime vigor a un movimiento femenino cuyos avances son mirados de cerca por activistas de toda América Central.
Sin embargo, advirtió que al abrir esta puerta a la búsqueda de la igualdad, el debate y el consenso entre el Estado y la sociedad civil, las organizaciones populares deben participar en retos del futuro y no conformarse con ser fiscalizadoras de la gestión gubernamental. (FIN/IPS/dc/ag/pr/96)
