El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, dio por sentado que su antecesor, Carlos Andres Perez, sera condenado en un proceso por corrupcion y anticipo que no lo indultara, en una posicion que la defensa del ex mandatario califico de inaudita presion sobre la justicia.
Caldera dijo este miercoles, en una entrevista televisada con motivo de sus 80 anos, que no desconocera "el veredicto condenatorio" de la justicia y se abstendra de indultar a Perez, quien aguarda sentencia de la Corte Suprema.
"Es insolito y gravisimo que el jefe del Estado, ademas un jurista, presione de esa manera a la Corte", reacciono de inmediato, en declaraciones a IPS, el principal abogado de Perez, Alberto Arteaga.
Caldera fue consultado si cuando Perez sea condenado, estaria dispuesto a indultarlo, en el caso de que una medida de ese tipo contara con el respaldo de la poblacion.
"Aun cuando pueda haber algun sector mas o menos respetable que tenga ese deseo, la inmensa mayoria del pais veria como una especie de fraude, de inconsecuencia, que se desconozca el veredicto condenatorio de la Corte Suprema", dijo el mandatario.
Ese veredicto condenatorio "corresponde, por lo demas, a lo que ya el pueblo venezolano se ha formulado en su conciencia", agrego.
Perez fue apartado de la presidencia en 1993, ocho meses antes de concluir su mandato quinquenal y luego de dos cruentas asonadas militares en 1992, al comenzar un proceso judicial en su contra por presunta corrupcion.
Esta consistiria, segun la acusacion, en malversacion (desvio) y peculado (apropiacion) de 17 millones de dolares de la partida de gastos secretos del Ministerio del Interior, destinados a cooperar con Nicaragua.
La Fiscalia responsabilizo a Perez, a dos de sus ex ministros y otros dos funcionarios por desviar irregularmente los fondos apenas iniciado su gobierno, en febrero de 1989, y emplearlos 15 meses despues para la mision en Managua.
Esta consistio en proteger, con unos 40 efectivos de seguridad, a la recien electa presidenta Violeta Chamorro, y la defensa mostro la incongruencia de haber desviado dinero con ese fin cuando Chamorro no era siquiera candidata.
Perez, encarcelado al iniciarse el juicio en mayo de 1994, ya con Caldera en el poder, fue colocado dos meses despues bajo arresto domiciliario en su residencia cerca de Caracas, de acuerdo a una norma que protege a los mayores de 70 anos, y el proceso esta en la recta final, en espera de sentencia.
La defensa, como el propio Perez, sostuvo siempre que se trata de un proceso politico "disfrazado de juicio penal", con el objeto de conjurar la crisis politica de 1992-1993 y facilitar las elecciones de diciembre de 1993, que gano Caldera.
Resulta "insolito que una persona que sabe Derecho, como el presidente Caldera, caiga en una pregunta como la que le hicieron y diga que no podra desconocer el veredicto condenatorio de la Corte", comento Arteaga.
"?Acaso el presidente conoce la ponencia del magistrado Luis Palis? (redactor del proyecto de sentencia), o su voluntad interna, o ya sabe cual es la voluntad mayoritaria de la Corte?", se pregunto el abogado.
Palis fue escogido para preparar un borrador de sentencia, que debio estar listo el 18 de enero, pero el magistrado pidio un mes de prorroga, tras lo cual se espera que entregue su proyecto a los otros 14 miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Arteaga dijo que "como no va a ser politico un juicio cuando el presidente interviene para referirse a un veredicto condenatorio, y ademas senala que debe corresponder al sentir popular, como si se hubiera hecho una encuesta".
Recordo que en diciembre de 1994 Caldera sobreseyo la causa penal por el mismo caso de los 17 millones de dolares contra Alejandro Izaguirre, ex ministro del Interior de Perez, "y sostuvo en esa oportunidad que esa persona era inocente".
"?Como puede el Poder Ejecutivo determinar en un juicio como este que el administrador de la partida de gastos secretos, el ministro del Interior, es inocente, y que el ex presidente Perez, que no la manejo, es culpable?", se interrogo Arteaga.
En su opinion, la declaracion de Caldera en primer lugar "da una mano en la defensa", porque corrobora sus argumentos.
No obstante, el abogado aseguro que las partes que participan el proceso fueron irrespetadas, como tambien lo fueron el estado de Derecho y la division de los poderes, por lo que considera que la "Corte deberia reaccionar".
La reaccion de la Corte no deberia ser la dilacion del proceso "sino darle mayor transparencia", segun Arteaga, un abogado penalista que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, la principal del pais. (FIN/IPS/hm/ag/ip/96) ITEM CLOSED
