Los jueces se han constituido en centro de atencion de la sociedad, de politicos y empresarios en America Latina, al ser conmsiderados como un bastion en el combate a la corrupcion.
A un paso del siglo XXI, los magistrados abandonaron el segundo plano que ocuparon dentro del tradicional esquema de separacion de poderes y ahora desempenan un papel protagonico, al ser convocados por la ola de corrupcion que estallo en la region.
El punto inicial y mas alto de ese fenomeno se ubico en los procesos contra los ex presidentes Alan Garcia (Peru) y Carlos Andres Perez (Venezuela).
Ahora se extendio a Mexico, donde el ex mandatario Carlos Salinas de Gortati y varios de sus colaboradores, fueron colocados en el banquillo de los acusados.
En Brasil, el caos del ex presidente Fernando Collor, que comenzo con una investigacion judicial, termino en 1993 con la decision del Congreso de destituirlo por corrupcion.
Pero el efecto del "Collorgate", como se llamo a ese escnadalo, aun se mantiene.
Este ano la justicia brasilena continua investigando las conexiones que tenia Collor en Uruguay, donde transfirio cinco millones de dolares para la campana electoral que lo ubico en el sillon presidencial.
El actual presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, debio cesar a su ministro de Aeronautica, involucrado en la compra de un sistema de radares pra la proteccion de la Amazonia por 1.400 millones de dolares.
En Argentina, como en la mayoria de los paises de la region, pocas veces la justicia puede probar la corrupcion de los funcionarios, en particular en los procesos de privatizacion y en las concesiones de licitaciones. Estados Unidos se ha quejado de ese hecho, denunciando la ausencia de "seguridad juridica".
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) observo que la falta de seguridad juridica puede afectar las inversiones, erosionar el desarrollo social y facilitar acciones de corrupcion en la region, con el consiguiente riesgo para la estabilidad democratica.
El presidente de ese organismo, Enrique Iglesias, anuncio a fines de 1995 que el BID llevara a cabo diversas acciones para fortalecer los sistemas judiciales de America Latina y el Caribe.
La desconfianza general de los ciudadanos de los paises de la region en la justicia parece estar abonada por situaciones como la de Argentina, donde el presidente Carlos Menem forzo el ingreso a la Corte Suprema de juristas cercanos a su partdio, en negociacion que incluyo a otras colectividades politicas.
En el vecino Uruguay, la justicia cobro inusual destaque en los ultimos meses al ser convocada por el parlamento para investigar hechos que involucran a altos funcionarios de la administracion del ex presidente Luis Lacalle (1990-1995).
Como en la mayoria de los paises de America Latina, la justicia uruguaya dispone de escasos medios y solo el esfuerzo personal de los magistrados puede llevar las investigaciones a buen puerto.
"Tenemos que cazar aves de rapina con trampas para pajaritos", dijo el fiscal Hugo Barrios, quien junto al juez Jose Balcaldi indaga el proceso de privatizacion de un banco por el cual el Estado debio pagar mas de 250 millones de dolares para que no se hundiera.
El senador Ignacio de Posadas, ex ministro de Economia de Lacalle, denuncio que el juzgado facilita informacion reservada a la prensa que ha ventilado estos asuntos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia advirtio que las expresiones del senador podrian considerarse un "presion politica" y defendio la necesidad de transparencia.
La situacion uruguaya dejo en claro que el talon de Aquiles de la justicia esta en la falta de medios y en las presiones politicas.
En general los jueces y fiscales han sabido resistir la intencion de los politicos de frenar o impedir que las investigaciones avancen.
En algun caso el vinculo entre el poder y la justicia quedo claremente de manifiesto.
Asi, la jueza argentina Maria Servini de Cubiria fue procesada por comunicar informacion reservada a Menem sobre una investigacion que llevaba a cabo contra Amira Yoma, cunada del presidente.
Yoma era investigada a pedido del juez espanol Baltasar Garzon, acusada de lavar dinero provenientes del narcotrafico. El juicio termino siendo archivado en 1994.
En Ecuador, el presidente de la Suprema Corte, Miguel Macias, fue destituido por el Congreso dias despues de dictar una orden de prision contra secretarios del ex vicepresidente Alberto Dahik.
Dahik, que se exilio en Costa Rica, estaba siendo investigado luego de haberse descubierto cuentas bancarias a su nombre y de dos de sus secretarios por un total de 3,8 millones de dolares.
Aunque una comision del Congreso habilito la investigacion judicial, la destitucion del presidente de la Corte fue considerada como una interferencia.
Pero en la mayoria de los casos la justicia actuo sin interferencias y durante 1996 los latinoamericanos seguiran como espectadores de procesos en curso en Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia, Chile, Honduras, El Salvador, Panama, Honduras y Costa Rica.
Expertos consultados por IPS coincidieron en senalar que la mayoria de las estructuras judiciales de la region permitiran a los jueces avanzar durante 1996 en las investigaciones en curso.
En algun caso previeron sin embargo dificultades.
El aun debil sistema judicial de Paraguay encara una investigacion contra el ex presidente Andres Rodriguez, acusado de enriquecimiento iliicito, vinculos con el narcotrafico y haber ordenado el asesinato de un terrateniente para quedarse con sus tierras. (FIN/OPS/rr/dg/ip/96)
