Polemicas reacciones genero hoy en Chile el acuerdo entre el gobierno y el principal partido opositor para impulsar una ley que reglamente los procesos por desapariciones forzadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
La Agrupacion de Familiares de Detenidos-Desparecidos (AFDD) expreso un categorico rechazo al proyecto que, en su opinion, fue fruto de negociaciones secretas e impedira conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1990.
El gobierno reitero su defensa del proyecto de ley, acordado el viernes ultimo con el Partido Renovacion Nacional (PRN) luego de mas de dos meses de conversaciones que incluyeron tambien propuestas de reformas a la Constitucion.
El acuerdo permitiria agilizar la tramitacion de unos 600 juicios por desapariciones, dando facultades a los jueces para que ordenen su cierre una vez ubicados los restos de las victimas o cuando se hayan agotado los pasos para alcanzar ese objetivo.
Dentro de la coalicion de gobierno, el Partido Socialista puso objeciones al acuerdo, que merecio tambien reparos parciales este lunes de un senador del Partido Por la Democracia (PPD), miembro igualmente del conglomerado oficialista.
La Union Democrata Independiente (UDI), segunda fuerza de la oposicion derechista, reitero tambien sus aprensiones sobre el contenido del proyecto gobierno-PRN e insistio en la defensa de la Constitucion heredada del regimen de Pinochet.
El presidente Eduardo Frei hizo el domingo un llamado a todos los sectores politicos a apoyar el acuerdo, afirmando que no significa ni una «ley de punto final» ni una interpretacion de ley de amnistia que el regimen militar expidio en 1978.
«Lo unico que se busca es la verdad de los detenidos- desaparecidos y por esa via concluir con los casos judiciales pendientes», sostuvo Frei antes de tomar el avion en que viajo a Buenos Aires para participar en la Cumbre del Grupo de los 15.
El ministro Secretario General de Gobierno, Jose Joaquin Brunner, refuto este lunes al vicepresidente del PRN, diputado Alberto Espina, quien sostuvo que en la practica el acuerdo es una «ley de punto final» y que consagra la amnistia de 1978.
Segun Brunner, los mecanismos de sobreseimiento (cierre) de los procesos no equivalen a archivar los casos de desapariciones y tampoco existe el proposito de interpretar la ley de amnistia para su aplicacion por parte de los jueces.
Los puntos mas controvertidos del acuerdo aluden a la mantencion de procesos en manos de la justicia militar y a que no existe un condicionamiento categorico del sobreseimiento al hallazgo de los restos de los desaparecidos.
Tampoco preve un esclarecimiento publico de la forma en que se produjo la desaparicion y establece que los victimarios estaran no solo libres de responsabilidades penales sino que ademas tendran garantias de reserva de su identidad en los juicios.
Viviana Diaz, secretaria general de la AFDD fustigo el acuerdo e insistio en que la reconciliacion nacional pasa por la justicia y la verdad en torno a las violaciones de los derechos humanos, con plena identificacion de los autores de crimenes represivos.
La dirigente sostuvo que el acuerdo surgio de negociaciones secretas entre el gobierno y el PRN, sin tomar en consideracion los puntos de vistas de los familiares de las victimas ni analizar propuestas hechas por la propia AFDD.
Hector Salazar, abogado defensor de los derechos humanos, dijo que el acuerdo «no es un avance efectivo, ya que ni siquiera garantiza al menos en una parte minima el objetivo de alcanzar la verdad sobre los desaparecidos».
«Se consagraria la impunidad» de los autores de crimenes represivos, concluyo Salazar, tras advertir que los mecanismos previstos conducirian al cierre de los procesos sin resultados positivos sobre la forma en que se hicieron las desapariciones.
El ex ministro Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comision Chilena de Derechos Humanos e ideologo de la Democracia Cristiana, el partido de Frei, califico de «encomiable» el esfuerzo del gobierno en busca de un acuerdo politico.
Pero advirtio que «todo acuerdo que no contribuya a la verdad puede generar rechazo», ya que dejaria trunco el objetivo de alcanzar la justicia en torno a las mas de mil desapariciones forzosas producidas en Chile durante la dictadura.
En la coalicion de gobierno, los socialistas puntualizaron que expresaran sus objeciones al proyecto en las esferas parlamentarias, una vez que se inicie la discusion del texto que el gobierno enviaba este lunes al Senado.
Sergio Bitar, senador del PPD, reitero el apoyo de su partido a Frei, pero aclaro que «no es un respaldo a fardo cerrado» y anticipo que se opondra a la permanencia en la justicia militar de los procesos que se tramitan en esa jurisdiccion.
En la oposicion, la UDI anuncio que pedira aclaraciones a sus aliados del PRN sobre un supuesto apoyo del gobierno al proyecto sobre desaparecidos a cambio del respaldo que ese partido dara a un conjunto de 31 reformas constitucionales.
«Eso seria un cambalache inaceptable desde el punto de vista etico», comento el diputado Juan Antonio Coloma, vicepresidente de la UDI, partido que se caracteriza por su adhesion politica e ideologica al regimen de Pinochet. (FIN/IPS/ggr/la-hd/95
