En una accion casi detectivesca, la justicia de Honduras prosiguio hoy sin exito por segundo dia la busqueda de cuatro oficiales del ejercito, citados para indagar su implicacion en la detencion y torturas de seis dirigentes opositores en la pasada decada.
Los militares buscados son los primeros de un total de 10 que seran llamados para responder por los cargos de detencion ilegal y asesinato en grado de tentativa.
Las seis victimas fueron secuestradas en la decada de 1980 por los cuerpos de seguridad del ejercito, objeto de torturas, y estuvieron a punto de engrosar la lista de desaparecidos por motivos politicos.
Fueron liberados tras presiones de los organismos de derechos humanos, lo que permitio posteriormente que presentaran cargos contra sus agresores.
Entre los oficiales incriminados destaca el actual inspector de la Policia, Alexander Hernandez, senalado en informes oficiales como el mas cruel torturador y ejecutor en la desaparicion forzada de personas en los anos 80.
Segun el Fiscal del Estado, Edmundo Orellana, si en el transcurso de esta semana los indiciados no aparecen, el juzgado puede declararlos en rebeldia y librar una orden de captura.
La rebeldia militar de no ir a los tribunales se ampara en un recurso presentado por sus abogados ante la Corte de Justicia, donde alegan que estan favorecidos por una amnistia decretada hace cuatro anos por el gobierno.
Pero esta amnistia segun grupos de derechos humanos es inconstitucional y sera la Corte de Justicia quien dira la ultima palabra en el juicio contra los militares.
Hasta ahora el Poder Judicial ha evidenciado interes en apoyar las iniciativas de la Fiscalia en llevar a fondo el caso de las 184 personas desaparecidas en la decada pasada por razones politicas e ideologicas.
Este respaldo judicial ha valido para que el juez que lleva la causa contra los 10 militares, Roy Medina, sea objeto de amenazas de muerte, intimidaciones y discretas persecuciones por desconocidos cada vez que sale de su casa.
Segun Medina, "grupos oscuros" quieren intimidarlo, pero no va ceder en su afan de hacer justicia y llamar a quienes se sospecha "infringieron en su tiempo la ley".
El juez, quien tambien lleva otros importantes casos vinculados a corrupcion administrativa, se mueve actualmente en un vehiculo blindado, resguardado por un pequeno grupo de guardaespaldas, y usa chaleco antibalas.
Las Fuerzas Armadas sostienen que las desapariciones forzadas son parte de una politica de Estado, producto de la guerra fria y la doctrina de seguridad nacional.
Su maximo jerarca, el general Luis Alonso Discua, propone una especie de "olvido y amnesia", porque sostiene, "no hay razon para pedir perdon por lo sucedido en la decada anterior". (FIN/IPS/tm/jc/hd-ip/95
