El gobierno argentino solicito hoy a la cancilleria uruguaya que no haga lugar al pedido de asilo politico formulado el viernes por un grupo de 18 militares y civiles que participaron de un alzamiento en 1990 y por el que deben ser juzgados en Buenos Aires.
El vicecanciller Fernando Petrella admitio haber pedido a la cancilleria de Montevideo que no haga lugar al requerimiento, en tanto la defensa del grupo reitero que el proceso de enjuiciamiento que se les sigue desde hace cinco anos "es nulo y antijuridico".
La abogada Graciela Villalobos sostuvo que sus defendidos fueron a Uruguay "por la reconocida tradicion en favor del asilo politico que tiene ese pais hermano" y por considerar que "no hay garantias" para un juicio justo en Argentina.
Villalobos dijo que los detenidos no estan siendo juzgados por sus "jueces naturales", que faltan papeles de la defensa y que se violaron todas las disposiciones de la ley de enjuiciamiento.
Pero la cancilleria uruguaya, que debera estudiar caso por caso, ya adelanto su escasa disposicion a otorgar asilo territorial a personas provenientes de un estado de derecho, donde se respetan las normas del debido proceso.
El grupo pertenece en su mayoria a la prefectura y es conocido como Albatros. Se sublevo en diciembre de 1990 en adhesion a la rebelion comandada por el ex coronel Mohamed Ali Seineldin, quien cumple prision por tiempo indeterminado. El motin culmino con un saldo de 13 muertos.
Los militares rebeldes, tambien llamados "carapintadas", porque se tenian sus rostros de negro, fueron ya condenados, pero los 66 militares y civiles de Albatros aun estan bajo proceso.
Algunos de ellos habian salido en libertad bajo fianza en septiembre, por haber cumplido mas de dos anos de prision sin condena. Los procesados habian apelado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exhorta a otorgar la libertad provisoria en estos casos.
Pero el jueves, cuando debian presentarse a una audiencia ante el juez, previa al juicio oral que se sustanciara en los proximos dias, los procesados ya estaban en camino a Uruguay, hacia donde partieron por via terrestre entre el miercoles y el viernes, algunos con su familia.
Entre ellos viajo el ex subprefecto Ramon de Sagastizabal, que fue dado de baja en 1988 por haber participado de un alzamiento militar tambien liderado por Seineldin pero contra el gobierno del ex presidente Raul Alfonsin (1983-89). Ahora es juzgado por el motin de 1990.
Tambien viajo el sacerdote Luis Moises Jardin, ademas de un grupo de civiles que adhirieron a la causa de Seineldin.
El mes pasado, una version periodistica denuncio la voluntad oficial de otorgar un nuevo indulto a los carapintadas, pero entonces Menem declaro que "por el momento" no firmaria el perdon. (FIN/IPS/mv/dg/ip/95
