El presidente de Peru, Alberto Fujimori, promulgo la Ley de Amnistia para cerrar el paso a las maniobras conspirativas de logias secretas de oficiales del Ejercito, segun analistas civiles.
Esa tesis explica lo inoportuno de la Ley que libera a los militares y policias encarcelados o enjuiciados por violaciones y crimenes contra los derechos humanos, tema que ha enrarecido la situacion politica del pais.
El analista Gustavo Gorriti afirma que Fujimori no es, como muchos creen, un rehen de los militares, sino que el y la cupula castrense han avasallado a las Fuerzas Armadas para imponerle sus designios politicos.
"Fujimori ni quiere ni puede" anular la Ley de Amnistia, que promulgo calculando el rechazo nacional e internacional, porque la medida le es necesaria en sus relaciones con las instituciones militares, dijo el experto.
Segun Enrique Obando, investigador del Centro de Estudios Peruanos Internacionales, en donde realiza el seguimiento de las relaciones entre civiles y militares a lo largo de los 15 anos de lucha antigurrillera, la amnistia concedida por Fujimori no es un error sino una necesidad politica.
La virtual guerra civil provoco casi 30.000 muertos y desaparecidos, ambos bandos incurrieron en numerosas practicas de guerra sucia, y las organizaciones humanitarias denunciaron practicas genocidas realizadas tanto por los guerrilleros como por los militares.
Obando sostiene que el actual comandante del Ejercito, general Nicolas Hermoza, sera pasado a retiro el dia 28 y el y Fujimori, necesitan allanar el clima interno en las Fuerzas Armadas para efectuar una transicion sin sobresaltos.
La amnistia estaria destinada a desacreditar a dos logias secretas conformadas por oficiales en actividad, cuyos rangos van de coroneles a mayores.
La existencia de dichas logias militares esta fuera de duda, hay pruebas documentales de su actividad y una de ellas ha revelado datos sobre crimenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, que solo pudieron conocerse "desde adentro".
Una de esas logias, llamada "Leon Dormido", proporciono en 1993 al opositor semanario "Si" informacion sobre el lugar en donde estaban enterrados los cadaveres de los nueve estudiantes y un profesor universitario secuestrados por un grupo militar en 1992, en la Universidad Pedagogica La Cantuta.
Despues, los desconocidos informantes siguieron proporcionando pistas que condujeron a la identificacion, captura y juicio de los miembros del Servicio de Inteligencia que realizaron el secuestro y asesinato colectivo.
La amnistia corto el juicio y las investigaciones de varios crimenes masivos, incluyendo el cometido en la carcel de Lurigancho en 1989, durante el gobierno del presidente Alan Garcia (1985-90), en el que fueron asesinados 240 presos amotinados, ejecutados despues de haberse rendido.
La protesta de la oposicion parlamentaria contra la amnistia aprobada por la mayoria oficialista encontro inesperado respaldo judicial, cuando la jueza Antonia Saquicuray, que investiga la llamada "matanza de la calle Huanta", anuncio que no acataria la referida Ley.
Dicho crimen fue cometido el 3 de noviembre de 1991, cuando un grupo de militares encapuchados asalto una casa de vecindad en el centro de Lima y dio muerte a nueve personas, entre ellas un nino, que eran los ultimos asistentes de una fiesta organizada para recaudar fondos.
Segun versiones extraoficiales, las victimas pertenecian a una celula de la organizacion guerrillera Sendero Luminoso, que hacia tareas de inteligencia de preparacion en los atentados terroristas.
Filtraciones, aparentemente aportadas por la logia "Leon Dormido", difundidas recientemente en la prensa, senalaban como protagonista del crimen de la calle Huanta al grupo de tareas del servicio de intelegencia que realizo la matanza de la Cantuta.
La jueza que investigaba el caso advirtio que no acataba la Ley de Amnistia "por ser contraria a la Constitucion, y opuesta a los compromisos contraidos por Peru en el Tratado de San Jose, sobre Derechos Humanos".
El asunto se complico cuando la mayoria oficialista aprobo otra ley, "interpretativa", para recordar a los jueces que no pueden cuestionar las leyes sino aplicarlas.
Victor Joy, lider de la mayoria oficialista en el Congreso, senalo que el tratado de San Jose no se oponia a la promulgacion de leyes de amnistia y recordo que una ley semejante habia sido promulgada, y puesta en practica, en favor de los terroristas arrepentidos.
La juezca Saquicuray mantuvo su posicion y, aunque el tema sera dirimido por la Corte Suprema, el parlamento resulto envuelto en una contienda con por lo menos un sector del Poder Judicial.
El incidente dio nuevos argumentos a la oposicion y la congresista socialcristiana Lourdes Flores afirmo que "no se puede coaccionar al Poder Judicial".
Fujimori no ha replicado los duros ataques contra su iniciativa legal, a los que se sumo el escritor Alfredo Bryce Echenique, al anunciar que rehusaba ser condecorado por un gobierno que amnistiaba a criminales contra los derechos humanos.
La aclaracion oficial de que Bryce Echenique rechazaba lo que no se le habia ofrecido, motivo una mordaz carta del escritor.
"Cuando el sabio senala la luna, el imbecil mira el dedo", dice el parrafo inicial de la misiva, que concluye expresando: "Con todo mi respeto porque usted ha sido democraticamente elegido, pienso y siento que no saber reconocer un error es la forma mas infame de callar". (FIN/IPS/al/ag/ip-hd/95
