La Procuraduria General de Colombia pidio hoy la destitucion de un alto jefe militar y un suboficial vinculados a la desaparicion forzosa de una activista de izquierda.
La sancion esta dirigida contra el general Alvaro Velandia, comandante de una Brigada militar del oeste del pais, por haber omitido informacion vital sobre la retencion, desaparicion y posterior muerte de Nydia Erika Bautista, militante del entonces insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19).
La decision incluye tambien al suboficial Julio Roberto Ortega, quien condujo el vehiculo del ejercito que se utilizo para retener a la victima, conducirla hasta un sitio clandestino y dos dias mas tarde ejecutarla extrajudicialmente.
La Procuraduria, al solicitar su destitucion, afirma que el jefe militar "conocio y aprobo" la retencion ilegal, desaparicion y posterior homicidio de la militante del M-19.
Segun la investigacion, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 1987, cuando Velandia se desempenaba como comandante de un batallon de inteligencia.
La victima fue detenida en esa fecha cerca de su residencia en Bogota y su cadaver encontrado con una venda en los ojos y un disparo en la cabeza en el periferico municipio de Guayabetal, el 26 de junio de 1990.
Una fuente de la Procuraduria indico que el caso se aclaro tras las declaraciones de un ex agente del comando militar al que pertenecia Velandia.
Por este hecho un tribunal administrativo ya habia condenado al Estado a pagar a los familares de la victima una indemnizacion equivalente a 4.500 gramos oro (5.800 dolares).
El procurador delegado para los derechos Humanos, Hernando Valencia, quien condujo la investigacion, afirmo que se trata de "una decision institucional que pone fin a un proceso en el que se han respetado escrupulosamente las garantias procesales".
Segun el funcionario, se trato de un caso "muy grave, de resonancia nacional e internacional, de violacion de derechos humanos".
El Caso de Bautista, fue denunciado por organismos humanitarios internacionales y segun la Comision Andina de Juristas forma parte de las 1.500 personas que han desaparecido en Colombia, tras ser detenidas por organismos de seguridad del Estado entre 1978 y 1992. (FIN/IPS/yf/ag/hd/95
