La resistencia de las autoridades militares a la exhumacion de los restos del comandante guerrillero Efrain Bamaca, supuestamente enterrado en un destacamento, origino una inusual pugna entre la justicia civil y la militar.
El hotel principal de Malacatan, una ciudad cercana a la frontera con Mexico unos 270 kilometros al suroeste de la capital de Guatemala, quedo vacio tras cuatro dias de infructuosa espera.
Alli se alojo una numerosa comitiva integrada por la viuda del guerrillero, la estadounidense Jennifer Harbury, miembros de la Mision de Naciones Unidas para la Verificacion de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), del Equipo de Antropologos Forenses y de la embajada de Estados Unidos.
Ellos, junto al fiscal del caso Bamaca, Julio Arango, miembros de la Comision Presidencial de Derechos Humanos, del Ministerio Publico, y numerosos periodistas extranjeros esperaron la autorizacion del alto mando militar para participar de la exhumacion.
Pero la diligencia, que se realizaria en el destacamento militar Cabanas, una pequena y remota posta de patrullaje fronterizo, nunca se concreto.
Julio Galvez, que se identifico como abogado de esa institucion y hablo en nombre del gobierno de Ramiro De Leon Carpio, adujo que la presentacion de la orden de exhumacion, emitida por la justicia civil presentaba irregularidades.
Entre otras, menciono una recusacion contra el fiscal al que el ejercito considera contrario a esa institucion y el status de Harbury como esposa de Bamaca, realizado en Estados Unidos.
El abogado cuestiono tambien la presencia de MINUGUA en la exhumacion e incluso el propio Acuerdo de Derechos Humanos entre el gobierno y la guerrilla que dio lugar a la creacion de esa mision.
Los cuestionamientos dejaron a la luz una clara injerencia del ejercito en la justicia civil, protesto el fiscal Arango.
Salvados esos obstaculos, el jefe del Ministerio Publico, Ramses Cuestas, permitio finalmente el viernes la exhumacion, pero con la condicion de realizarla en el transcurso de un dia para evitar problemas.
Segun los expertos forenses, es imposible realizar en menos de 10 horas una exhumacion, que debia realizarse en un area de mas de 1.000 metros cuadrados, por lo cual el fiscal decidio suspender temporalmente la exhumacion.
Los supuestos problemas aducidos por el fiscal general nunca fueron explicitados. Pero de los pronunciamientos de las autoridades militares parece desprenderse la clave de su ferrea negativa a la exhumacion.
En la capital de Guatemala el ministro de Defensa, Mario Enriquez, advirtio que la exhumacion podria comprometer la estabilidad del ejercito y las negociaciones de paz.
El ministro ratifico la posicion del abogado del ejercito en el sentido de que el caso Bamaca -segun la version ofical muerto durante un combate en marzo de 1992-, debia ser trasladado a la Comision de Esclarecimiento Historico.
Esta Comision comenzara a funcionar luego de firmada la paz, con el objeto de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos durante los 35 anos del conflicto armado interno, pero no tendra efectos judiciales vinculantes.
Segun Harbury, esta pugna de poderes trasciende el caso Bamaca.
La abogada estadounidese considero, en base a versiones de vecinos del lugar, que el ejercito intenta ocultar en el destacamento Cabanas uno de los cementerios clandestinos mas grandes del pais.
"En los anos 80 llevaban muchos detenidos, los torturaban y los enterraban alli mismo", relato a IPS una lugarena que pidio mantener el anonimato.
Esta version del cementerio clandestino es sostenida tambien en las altas esferas del gobierno.
El vicepresidente de Guatemala, Arturo Herbruger, aseguro que en el destacamento no encontrarian el cuerpo de Bamaca pero si "otros esqueletos desconocidos".
"El ejercito esta evaluando que escandalo es peor. Si obstaculizar la exhumacion y con ello ganarse una condena internacional mas o si permitirla y sacar a la luz una de las violaciones de los derechos humanos mas flagrantes de la guerra", comento un diplomatico.
Aunque no es la primera vez que los forenses realizan una exhumacion de un cementerio clandestino, si se trata de la primera que podria descubrirse en un destacamento militar.
Esa posibilidad ha causado malestar al interior de las Fuerzas Armadas, dijo un oficial del lugar.
"Si permitimos que pongan patas arriba este destacamento despues querran hacerlo en todos los demas del pais y esto es inconcebible porque el conflicto continua y la guerrilla sigue queriendo cortarnos la cabeza", justifico el militar.
El caso Bamaca adquirio mayor relevancia internacional cuando el congresista estadounidense Robert Torricelli acuso al coronel guatemalteco Julio Roberto Alpirez, un supuesto agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de ese pais, de haber ordenado la muerte del guerrillero.
Este testimonio, unido al de otros testigos, concluyo que Bamaca fue capturado vivo por el ejercito, retenido en una carcel militar clandestina, torturado y posteriormente asesinado.
Aunque los convenios internacionales humanitarios suscritos por Guatemala defienden los derechos a un debido proceso judicial de los integrantes de las fuerzas rebeldes, el militar consultado por IPS los considero invalidos.
"Estamos en una guerra irregular, en una guerra sucia. Y si la guerrilla viola los derechos humanos es normal que uno responda con los mismos instrumentos", argumento. (FIN/IPS/ff/ag/ip-hd/95
