El caso del comandante guerrillero Efrain Bamaca, "Everardo", oficialmente declarado muerto en combate, ha puesto a prueba la verdadera independencia del sistema judicial guatemalteco.
Los abogados que defienden a los militares implicados en el presunto asesinato del guerrillero se pronunciaron por la exclusion del caso del fiscal Julio Arango, a quien consideran izquierdista.
Los abogados Leopoldo Guerra, Julio Cintron Galvez y Julio Contreras denunciaron que en el expediente del caso fueron incorporados en forma anomala algunos documentos del extranjero.
Los abogados se refirieron al documento fechado en Estados Unidos que demuestra el casamiento entre Bamaca y la norteamericana Jennifer Harbury, que sostiene que su esposo fue capturado vivo por el ejercito, retenido en una prision clandestina y torturado.
Harbury, que protagonizo una huelga de hambre frente a la presidencia guatemalteca y a la Casa Blanca, en Washington, para exigir el esclarecimiento del caso, no puede participar en calidad de testigo de los procedimientos judiciales porque su estado civil no esta fehacimiente demostrado.
La controversia se origino la semana pasada, cuando Arango y Harbury, acompanados de miembros de la Mision de Naciones Unidas para la Verificacion de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), intento la exhumacion del supuesto cuerpo de Bamaca en el destacamento militar de Cabanas.
Informaciones que Harbury atribuye al Departamento de Estado de Estados Unidos y otros imputan a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), indican que Bamaca fue enterrado en esa pequena posta fronteriza del departamento de San Marcos, unos 270 kilometros al sudoeste de la capital de Guatemala.
Pero la exhumacion fue demorada con una serie de argucias legales por los abogados del ejercito y finalmente limitada a un solo dia, condicionamiento que el fiscal considero improcedente por la gran extension del area a excavar.
Arango, que sufre amenazas de muerte desde que se involucro en la exhumacion, denuncio que el Codigo Procesal Penal vigente otorga total indepedencia al agente del Ministerio Publico (de justicia), lo que implica que no se debe pedir permiso para entrar a un destacamento militar, que es un area publica.
Representantes de organismos de derechos humanos criticaron la injerencia del ejercito sobre la justicia civil. Pero en declaraciones a IPS el domingo, el presidente de Guatemala, Ramiro De Leon Carpio, rechazo esos senalamientos.
"Es absolutamente falso. En Guatemala existe una verdadera independencia de poderes. Pero yo no puedo intervenir cuando algun abogado, como otro cualquier ciudadano presenta un recurso de impugnacion", afirmo De Leon Carpio.
El mandatario nego asimismo haber interferido en la exhumacion, en su condicion de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Segun se desprende de las versiones de los vecinos del destacamento militar de Cabanas, la resistencia de las autoridades para realizar la exhumacion en sus dominios, trasciende el caso Bamaca.
Opiniones recogidas por IPS en el area indican que por lo menos a inicios de la decada de 1980, "se llevaban cuerpos al destacamento".
"Alli esta enterrado mi hermano", aseguro un lugareno que como los demas prefirio mantener el anonimato.
"Lo mas interesante es saber que esconde el ejercito para atentar de esta manera tan obvia contra el sistema juridico civil", se pregunto Harbury, quien asegura que el destacamento esconde un cementerio clandestino.
Las autoridades de la zona militar de San Marcos se mantienen en sus declaraciones y dicen no poder afirmar ni negar la existencia de un cementerio clandestino en Cabanas.
Pero en privado manifestaron que existe un gran malestar al interior de las Fuerzas Armadas por los intentos de exhumacion en ese destacamento.
"Si permitimos que excaven alli despues van a querer dar vuelta patas para arriba todos las instalaciones militares del pais", sostuvo un oficial.
Segun el ejercito esto compromete la estabilidad interna, al menos hasta que finalice el conflicto armado interno de mas de tres decadas que vive Guatemala.
El caso Bamaca adquirio relevancia internacional cuando el congresista estadounidense Robert Torricelli dijo tener informacion confiable de que Bamaca fue asesinado por orden del coronel guatemalteco Julio Roberto Alpirez, un supuesto agente de la CIA.
Harbury, una abogada graduada en la Universidad de Harvard, involucra en el caso a ese cuerpo de inteligencia de su pais quien oculto informacion sobre la desaparicion de su esposo.
El gobierno de Estados Unidos se encuentra en un grave problema por el caso Bamaca.
Fuentes diplomaticas sostuvieron que ese gobierno, involucrado en el Grupo de Paises Amigos del proceso de paz guatemalteco, teme que demasiada presion sobre el caso ponga en peligro la continuidad de las negociaciones.
El temor encuentra base en las recientes declaraciones del presidente guatemalteca y del Ministro de Defensa, general Mario Enriquez.
Segun ellos, el caso, que pone en peligro las negociaciones, debe ser trasladado a la Comision de Esclarecimiento Historico, que una vez firmada la paz investigara las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, pero sin efectos vinculantes judiciales sobre los responsables. (FIN/IPS/ff/ag/hd- ip/95
