El gobierno de Chile senalo que no auspiciara un proyecto de ley de "punto final" para casos pendientes de crimenes contra los derechos humanos, rechazando propuestas de la oposicion de derecha en ese sentido.
El senador Sebastian Pinera, del partido derechista Renovacion Nacional, anuncio a su vez este viernes que presentara un proyecto de ley de amnistia, calificado de inmediato como un "desproposito" por el diputado socialista Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado ex canciller Orlando Letelier.
Las gestiones y versiones sobre iniciativas legales para cerrar procesos por crimenes represivos se intensificaron desde el martes, con el fallo final en el proceso por el homicidio de Letelier, que condeno a la carcel al general retirado Manuel Contreras y a brigadier Pedro Espinoza.
La tension en torno a este caso entro en un compas de espera, luego de que los defensores de ambos oficiales presentaran el jueves un recurso de reconsideracion a las sentencias que la Corte Suprema analizaria el proximo lunes.
Se espera que el tribunal rechace ese recurso, en que se pide descontar de las penas de siete anos de carcel de Contreras y seis de Espinoza los 14 meses en que estos permanecieron detenidos entre 1978 y 1979, mientras se resolvia un pedido de extradicion de Estados Unidos que fue finalmente denegado.
El ministro secretario general de Gobierno Jose Joaquin Brunner, dijo que el gobierno no considera procedente debatir hoy una probable "ley de punto final", sin perjuicio de que otros sectores se planteen el tema.
Segun versiones extraoficiales, el Ejercito, que comanda el ex dictador Augusto Pinochet, presionaria indirectamente por un cierre de los procesos pendientes luego de que garantizo el jueves al ministro de Defensa, Edmundo Perez, su acatamiento del fallo en el caso Letelier.
Organismos de derechos humanos senalaron tambien este viernes su rechazo a una "ley de punto final" o a una "segunda amnistia" que se sume a la que el regimen de Pinochet expidiera en 1978 y que cubrio los delitos cometidos desde 1973 hasta ese ano.
Pamela Pereira, abogada de la Fundacion de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que atiende a familiares de victimas de la represion, advirtio contra las falsas expectativas que pueden crear las propuestas de dialogo sobre estas materias.
En circulos de derechos humanos y de los partidos oficialistas tampoco hubo acogida a la sugerencia del ministro de Defensa de crear una "comision de hombres buenos" que analice el tema de los procesos pendientes contra militares.
La politica predominante en la gobernante Concertacion por la Democracia es que estos casos deben seguir en manos de los tribunales de justicia, los cuales deberan pronunciarse sobre cada proceso en particular, sin considerar como un precedente al fallo en el caso Letelier.
Se estima que hay unos 600 procesos contra uniformados que actuaron como agentes represivos, 150 de los cuales fueron cerrados por la justicia militar en aplicacion de la ley de 1978.
El senador Pinera anuncio que su propuesta de nueva amnistia abarcaria desde el 11 de marzo de 1978 hasta el 11 de marzo de 1990, fecha en que se restauro la democracia con la instalacion del gobierno del presidente Patricio Aylwin.
El parlamentario derechista dijo que su propuesta favoreceria "a ambos lados", es decir tanto a militares como a militantes de grupos de izquierda que tomaron las armas contra la dictadura.
Agrego que se excluirian expresamente de esta amnistia el caso Letelier, por estar ya fallado, asi como otros crimenes represivos en que ya hay sentencias en vias de ejecucion o procesamientos de presuntos culpables.
Entre ellos menciono los procesos por el secuestro y deguello de tres comunistas en 1985, por el homicidio del diplomatico espanol Carmelo Soria en 1976 y por el asesinato del sindicalista Tucapel Jimenez en 1982. (FIN/IPS/ggr/dg/hd/95
