El trafico aereo en Venezuela recupero su normalidad hoy, despues que el presidente Rafael Caldera ordeno a las Fuerzas Armadas ocupar desde el domingo las torres de control de 33 aeropuertos, para dominar un conflicto laboral desatado por controladores civiles.
Informes sobre suspension de actividades de las aerolineas fueron desmentidos por sus representantes, asi como desechadas versiones sobre peligro de colision entre aeronaves, que extraoficialmente circularon entre domingo y lunes.
Viasa, aerolinea bandera de Venezuela, desmintio a una publicacion segun la cual cancelo vuelos por la militarizacion de los aeropuertos, y reitero que mantiene intacta su programacion.
"Creo que los militares lograran llevar esas operaciones (el trafico aereo) de una manera normal", dijo Humberto Luengo, jefe de operaciones de Viasa, "aunque desgraciadamente se mantienen problemas con equipos ILS, o de aterrizaje por instrumentos".
La inseguridad de los 33 aeropuertos del pais, porque sus torres tienen equipos obsoletos, defectuosos o inoperantes, es la principal bandera esgrimida por los 750 controladores que iniciaron un conflicto hace diez dias, enlenteciendo su trabajo y exasperando a empresas, usuarios y gobierno.
Sobre esa demanda hicieron calzar reivindicaciones acerca de la jubilacion que estipula su convencion de trabajo y que segun los gremios incumple el Ministerio de Transporte.
Los controladores alegaron que al disminuir el ritmo de su trabajo solo aplicaban normas internacionales de seguridad, pero el conflicto amenazaba con hacer enloquecer los aeropuertos dentro de cuatro dias, cuando comienza el asueto de carnaval.
El gobierno habia amenazado con militarizar los aeropuertos para que la Fuerza Aerea los operase, pero el viernes aplazo esa opcion y decidio continuar las negociaciones.
Pero el sabado, el avion en que viajaba Caldera hacia el oriente del pais quedo sin soporte de sistemas fijos de radioayuda y debio aterrizar con equipos portatiles, segun se indico extraoficialmente, lo que habria decidio al mandatario a intervenir rapidamente en el conflicto.
"La madrugada del domingo se inicio la operacion Canguro, por la cual las Fuerzas Armadas controlan los aeropuertos", dijo el general Moises Orozco, ministro de Defensa, y agrego que sus efectivos mantendran ese control "el tiempo que sea necesario".
Orozco admitio que en las primeras horas de la operacion se presentaron "algunos desajustes" y confirmo la detencion de un operador que habria radiado mensajes al exterior informando de la militarizacion "para no tolerar intentos de sabotaje".
Desde la tarde del domingo los vuelos recuperaron su ritmo normal y avanzaban hacia cotas de puntualidad que contrastaban con los atrasos de los dias precedentes, cuando los controladores en conflicto espaciaban los vuelos alegando inseguridad.
Jose Cabrera, de operaciones de Avensa, aerolinea con 60 por ciento del mercado local, dijo a IPS que "todos los vuelos han partido con normalidad y bastante puntualidad, incluidos uno nocturno y otro diurno hacia Miami (Estados Unidos)".
Aerolineas de la region como la antillana ALM o europeas como Air France tambien reportaban mantenimiento de sus horarios, y algunas como Aeroperu informaban a sus pasajeros de retrasos de no mas de 40 minutos en los planes de vuelo.
Durante el conflicto, los retrasos llegaron hasta cuatro horas, y en un aeropuerto como el de Caracas, donde aterrizan o despegan hasta 60 aviones por hora, lo hacian solo seis.
Orozco dijo a las 17:00 GMT de este lunes que sus hombres habian controlado 1.525 operaciones, de las cuales 227 despegues y 243 aterrizajes, con 32 despegues y 45 aterrizajes correspondientes a vuelos internacionales.
"El gobierno se mantiene firme, el pais esta reclamando autoridad y nosotros la ejercemos", dijo el ministro del Interior, Ramon Escovar, pues "no es posible que el bochinche (desorden) continue".
Las militarizacion de los aeropuertos "tiene el respaldo del pais, y es algo que ustedes comprueban", dijo Escovar a periodistas mientras la encuesta relampago de una radioemisora registraba 12 llamadas a favor de la medida y una en contra.
El ministro del Trabajo, Juan Garrido, encargado por el gobierno el viernes para negociar con los controladores, consumio la mayor parte de la jornada en asuntos ordinarios, sin reunirse con los representantes gremiales.
Ruben Carvajal, secretario de organizacion del gremio de los controladores, informo que una asamblea con delegados de todo el pais acordo este lunes no dar "ni un paso atras y mantener nuestra exigencia de que el Estado cumpla con sus deberes".
"Nuestra lucha no es por salarios", insistio Carvajal, sino "porque cambien equipos de radioayudas, frecuencias, repetidoras y radares obsoletos y se retome el entrenamiento abandonado hace 15 anos para un control moderno y seguro de los aeropuertos".
Agrego que varios activistas fueron detenidos y algunas de sus casas allanadas "pues se nos trata como a delincuentes mientras nada se hace contra ladrones de cuello blanco".
Ramon Gomez, presidente de la federacion de sindicatos de pilotos, dijo que "con la militarizacion el gobierno actuo irregularmente, ya que la situacion se le puede ir de las manos en cualquier momento".
Sin embargo, solo un sindicato de aviadores, con mayoria de afiliados pertenecientes a la inactiva Linea Aeropostal, se mostro dispuesto al conflicto en solidaridad.
En cambio, ejecutivos de algunas lineas expresaban temor de que otros gremios, como los de bomberos aeronauticos y tecnicos de mantenimiento, pudiesen sumarse al paro, lo que afectaria mas, en terminos de seguridad, la imagen de Venezuela como destino.
La jornada de este lunes semejo un round de estudio entre todos los protagonistas, pues la Fuerza Aerea probo que puede operar los aeropuertos comerciales en una situacion de emergencia pero ahora se duda de su capacidad de resistencia y recambio.
El numero de efectivos que manejan cada torre de control era el secreto mejor guardado por las autoridades, mientras a las cabinas ingresaban colchonetas, frazadas y cajas de alimentos para apuntalar jornadas continuas de trabajo.
La otra incognita que debera despejar el gobierno es la de su disposicion a recurrir a las Fuerzas Armadas para resolver conflictos laborales, una dimension hasta ahora no utilizada desde que, en junio, fueron suspendidas seis garantias constitucionales, individuales y economicas. (FIN/IPS/hm/dm/np-tl/95
