Con el archivo de los expedientes sobre la presunta participacion de policias y ex militares en un plan para asesinar al presidente Ernesto Perez Balladares se esfumo hoy la teoria de una nueva conjura en Panama.
El procurador general, Jose Sossa, manifesto el jueves que la "falta de pruebas tangibles y testimonios" impidio que fueran emitidas ordenes de detencion en contra de los implicados en la accion golpista, algunos de los cuales permanecian profugos.
La aparente conjura fue denunciada el 11 de enero de este ano por el ministro de Gobierno y Justicia, Raul Montenegro, quien dijo tener en su poder informes de organismos de seguridad que demostraban la vinculacion de miembros de la Fuerza Publica y algunos empresarios en actividades subversivas.
Montenegro indico en esa oportunidad que el proposito de los conspiradores era instalar en el poder un junta civico-militar, una vez que hubiesen cumplido su cometido de asesinar a Perez Balladares y a miembros del gabinete presidencial.
Sin embargo, diversos sectores, incluidos diputados del gobernante Partido Revolucionario Democratico (PRD), pusieron en duda la veracidad las declaraciones del ministro de Gobierno y exigieron pruebas fehacientes de la conjura y sus ramificaciones.
El fiscal superior especial, Rogelio Arosemena, reclamo en distintas oportunidades los expedientes de la investigacion para instruir los sumarios, tras lo cual reconocio la inexistencia de elementos probatorios del complot.
Pese a ello, Montenegro anuncio durante la segunda semana de febrero un total de 27 rotaciones y traslados de oficiales de la Fuerza Publica, asi como la liberacion de 13 sospechosos que habian sido detenidos e interrogados.
Las versiones sobre un nuevo complot resurgieron luego que el dia 6 de este mes estallo un arsenal oculto en el Puerto de Cristobal, en la caribena ciudad de Colon, donde tres personas murieron y otras 26 resultaron heridas.
Autoridades panamenas involucraron en este trasiego ilegal de armas a grupos humanitarios y estudiantiles, pero la version fue rechazada por sacerdotes y dirigentes universitarios, quienes calificaron las denuncias policiales como parte de una campana de desprestigio e intimidacion. (FIN/IPS/dc/mso/np/95). – – –
