Una influyente senadora venezolana, la socialcristiana Haydee Castillo, planteo hoy sorpresivamente la instauracion de la pena de muerte, abriendo un debate sobre el tema en un pais asediado por la delincuencia.
En Venezuela la pena maxima para cualquier tipo de delito es 30 anos de prision y el pais ha ratificado los tratados internacionales contra la pena de muerte.
Castillo propuso que la proyectada reforma constitucional modifique el articulo 58 de la Constitucion, para que se establezca la pena capital para casos especiales, que quedarian expresamente contemplados en el texto.
"El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podra establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla", fija ese articulo 58 en la Carta Magna vigente desde 1961, dos anos despues de que se iniciara el actuar periodo democratico.
Castillo es dirigente del partido socialcristiano Copei, la segunda fuerza parlamentaria, y actual presidenta de la comision de Politica Exterior del Congreso.
La senadora indico que el derecho a la vida debe ser inviolable menos para aquellos que cercenan el derecho a la vida de los demas, en un planteamiento de inmediato rechazado por organismos humanitarios, pero acogido por sectores de la poblacion que se declaran "prisioneros del hampa".
El presidente Rafael Caldera -fundador de Copei pero ahora separado de esa organizacion- decidio sacar desde el lunes la militar Guardia Nacional a proteger las calles de las principales ciudades del pais, para controlar la ola de violencia.
Segun los registros de la Policia Tecnica Judicial, en los primeros nueve meses del ano se produjeron 3.457 homicidios, la mayoria en Caracas, mientras los lesionados fueron 24.235 y los delitos contra las personas 33.995.
El desbordamiento de la delincuencia tiene su nutriente en el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, que, de acuerdo a analisis de instituciones independientes, cayeron a los limites de 1946, como impacto de una crisis economica avivada por la inestabilidad politica que se genero en 1992.
Una alta fuente del gobierno, vinculada a la administracion de la capital y que pidio el anonimato, indico que lo que va a acabar la delincuencia es que mejoren las condiciones de vida de las mayorias y no planteamientos que se contradicen con el respeto a los derechos humanos. (FIN/IPS/eg/dg/np-hr/94
