La propuesta de una influyente senadora de implantar la pena de muerte en Venezuela fue rechazada como "canto al populismo" por el gobierno, juristas, politicos y activistas humanitarios, aunque se admite que es atractiva en una poblacion "sitiada por la delincuencia".
La senadora socialcristiana Haydee Castillo propuso "modificar el articulo 58 de la Constitucion para que pueda aplicarse la pena de muerte a asesinos, violadores de ninos y a quienes matan por circunstancias baladies".
El articulo aludido establece que "el derecho a la vida es inviolable".
"Ninguna ley podra establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla", senala. El maximo castigo admitido por la legislacion nacional es de 30 anos de carcel.
"No es posible que cuando se estan cometiendo delitos horribles como los que vemos diariamente, la sociedad no tenga ninguna respuesta que disuada a los criminales potenciales", postulo Castillo, de la direccion nacional del partido socialcristiano Copei, segunda fuerza parlamentaria.
El ministro de la Descentralizacion, Guillermo Andueza, vaticino que la propuesta de Castillo "no avanzara y, en todo caso, el gobierno no la apoyara", mientras su par de Justicia, Ruben Creixems, la considero "aborrecible" e "inviable".
El reputado penalista Alberto Arteaga dijo a IPS que la propuesta de Castillo "no tiene ninguna justificacion. Se trata de recurrir a un expediente facil, demagogico, destinado a llamar la atencion. Es un canto al populismo".
El senador Juan Jose Caldera (hijo del presidente Rafael Caldera), del partido Convergencia, opino que "la pena de muerte no es solucion a nada. Hay que buscar otras vias de enfrentar el problema de la delincuencia", senalo. Su colega oficialista Freddy Munoz recordo que "no resuelve los crimenes horrendos".
El ex general del ejercito Alberto Muller, senador de la izquierdista Causa Radical, argumento en contra diciendo que quienes cometen crimenes horribles son sicopatas y que la pena de muerte se contradice con las tendencias penales modernas.
En el propio partido Copei, el senador Aristides Beaujon califico la propuesta de Castillo como "no muy cristiana", mientras los socialdemocratas propusieron un debate mas amplio con juristas y organizaciones de derechos humanos.
Entre estas ultimas, el Programa venezolano de educacion-accion en derechos humanos deploro "este nuevo esfuerzo del Estado para actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas de la delincuencia", segun dijo a IPS su portavoz Ricardo Dorado.
De acuerdo a cifras de la Policia Tecnica Judicial, en los primeros nueve meses de 1994 se produjeron 3.457 homicidios en Venezuela, la mayoria en Caracas, donde cada fin de semana la violencia cobra entre 20 y 40 vidas.
Tambien se registran 24.235 lesionados y 33.995 delitos contra personas, mientras que las encuestas senalan a la inseguridad como el mayor problema de los venezolanos, aun por sobre la inflacion que, con 70 por ciento anual, es la mas alta de America Latina.
"Los caraquenos somos rehenes del hampa", "vivimos en estado de sitio" o "esta es una guerra no declarada del hampa contra la gente honesta", son expresiones frecuentes de ciudadanos en los programas de opinion de radio y television.
Un rapido sondeo radial capto apoyo entre escuchas a la propuesta de Castillo, asi como fue aplaudida la orden del presidente Caldera para que la militar Guardia Nacional patrulle las calles de Caracas y otras ciudades, en refuerzo a la desbordada policia.
Tambien el Fiscal General de la Republica, Ivan Badell, respaldo el refuerzo militar a la actividad policial, pero en cambio opino que "no es viable" la propuesta de Castillo.
"Venezuela fue el primer pais que el siglo pasado abolio la pena capital, que en paises donde se aplica es ineficaz para frenar la delincuencia, y a ratificado con leyes los convenios internacionales que la proscriben", puntualizo Badell.
Arteaga puntualizo que en 1863, justamente cuando concluyo su sangrienta Guerra Federal, Venezuela abolio la pena de muerte, y ratifico por ley, en 1977, la convencion interamericana de Derechos Humanos o "Pacto de San Jose", que la proscribe.
"Los paises signatarios "se obligan a no restablecer en ningun caso la pena de muerte si ya la tenian abolida" recordo Arteaga, y "el tratado expresamente obliga a cumplir ese compromiso'.
La propuesta de Castillo fue hecha en el marco de debates sobre reforma constitucional que tienen lugaar en el Congreso venezolano.
Antiguo decano de la Facultad de Derecho en la principal universidad del pais, Arteaga dijo que "esta demostrado que la pena de muerte en ningun pais disminuyo la criminalidad. Es mas, en algunas partes la ha incrementado".
"Pedir la pena de muerte es una demostracion de primitivismo, como en los tiempos del ojo por ojo o de la violencia privada. Con propuestas primitivas no se atiende a la realidad", afirmo.
El "canto al popluismo" solamente "puede dejar un debate sobre las causas de la delincuencia, que son la injusticia social, la inestabilidad politica y los problemas economicos que agobian a la poblacion", concluyo el jurista. (FIN/IPS/hm/dg/hr-np/94
