Mohammad es huérfano desde hace un año, cuando soldados de Myanmar (Birmania) mataron a sus padres. El niño de 12 años es uno de los 500.000 menores rohinyás sobrevivientes y testigos de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama genocidio.
Según el informe de una misión de investigación divulgado el martes 28 de agosto, niñas y niños rohinyás fueron testigos del incendio de sus casas y pueblos, de asesinatos y de la violación de sus madres. Y las niñas, probablemente, también fueron violadas.
Ya pasó un año desde las atrocidades cometidas por las fuerzas regulares de Birmania en el estado de Rakhine, que llevó al éxodo de unos 700.000 rohinyás, 60 por ciento de los cuales eran menores, que encontraron refugio en el vecino Bangladesh, en el distrito de Cox’s Bazar, donde se crearon campamentos de refugiados, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La vida es difícil para esos niños en su nuevo hogar.
Para algunos de los que viven en condiciones miserables es difícil imaginarse volver a una vida normal, pero otros, como Mohammad, sueñan con que se haga justicia.
“Quiero justicia. Quiero que juzguen a los soldados”, dijo a IPS. Mohammad quiere que el soldado que le arruinó la vida comparezca ante la justicia.
“Mató a nuestro pueblo, se quedaron con nuestras tierras e incendiaron nuestras casas. Mataron a mi madre y a mi padre. Ahora vivo con mi hermana”, relató.
Hace un año, el 25 de agosto de 2017, las fuerzas regulares de Birmania tomaron represalias por un ataque del Ejército de Salvación Rohinyá contra una base militar birmana.
Pero según la misión de investigación de la ONU, “la naturaleza, la dimensión y la organización de las operaciones sugiere un grado de preparación, planificación y diseño de parte de la comandancia de Tatmadaw (ejército birmano)”.
El documento detalla: “las operaciones fueron diseñadas para infundir terror, pues la gente se despertó por el ruido intenso de armas de fuego, por las explosiones o por los gritos de la gente. Se crearon estructuras para prenderlas fuego, y los soldados de Tatmadaw dispararon de forma indiscriminada contra las casas, el campo y los aldeanos”.
“Violaciones y otras formas de violencia sexual se perpetraron a gran escala” y “a veces hasta 40 mujeres y niñas fueron violadas por uno o varios soldados. Una sobreviviente relató: ‘Tuve suerte, solo me violaron tres hombres’”, revela el informe.
Además, recomienda una investigación exhaustiva por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y pide que se investigue la responsabilidad de los generales de Birmania en el genocidio del estado de Rakhine.
El general Min Aung Hlaing figura en el informe como presunto responsable directo de los crímenes. Y la jefa de Estado, Aung San Suu Kyi, también fue duramente criticada por no usar su posición “ni su autoridad moral para evitar o prevenir el desenlace de los acontecimientos ni buscar alternativas para cumplir con la responsabilidad de proteger a la población civil”.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reaccionaron al informe reclamando que los órganos internacionales y la ONU se encarguen de responsabilizar a los culpables, pero las instituciones locales reclaman soluciones de largo plazo para asistir a niñas y niños rohinyás.
Desde su llegada a Bangladesh, muchos menores rohinyás no tienen clases, y los centros de salud están sobrepasados por el enorme número de personas para atender.
Muchas organizaciones locales, internacionales y agencias de la ONU, además del gobierno de Bangladesh, trabajan para apoyar a los refugiados, pero a los trabajadores humanitarios les preocupa el trauma que todavía sufren muchos menores por las experiencias vividas.
Reciben atención psicológica, pero no es suficiente.
“En la noche, me da miedo y siento que alguien va a venir a matarnos; a veces lo veo en mis sueños; que nuestra habitación está llena de sangre”, relató una niña de 11 años, quien estudia en una escuela islámica en el campamento de Kutupalong, en Cox’s Bazar, en diálogo con IPS.
Unicef alertó en la segunda semana de este mes que la violación de los derechos básicos de los niños rohinyás podría derivar en una “generación perdida”.[related_articles]
“Sin final a la vista para su inhóspito exilio, la desesperación aumenta entre los refugiados, además de un fatalismo sobre lo que les espera en el futuro”, añade.
Numerosos niños y niñas residentes en el campamento perdieron a uno o a sus dos padres.
En noviembre, el Departamento de Servicios Sociales de Bangladesh, contó 39.841 menores rohinyás que habían perdido a su madre o a su padre, o habían perdido contacto con ellos durante el éxodo. Y unos 8.391 perdieron a ambos padres.
“La mayoría de los niños fueron testigos de horrores y de brutalidad, y si no se atiende como corresponde, podrían desarrollar un sentimiento de venganza”, alerta Unicef.
“Vamos a matar al ejército porque mataron a nuestra gente”, comentan a veces los niños. “Crecen con un sentimiento de odio contra el ejército de Myanmar”, explicó el trabajador humanitario Abdul Mannan, consultado por IPS.
Hay unas 136 zonas especializadas para niños y hay cientos de centros de enseñanza en Cox Bazar, pero Unicef señaló que recién ahora “desarrolla una estrategia para asegurar la consistencia y la calidad de los programas”.
BRAC, una organización bangladesí, señala que los centros de enseñanza y otras instalaciones para menores no son suficientes para la adecuada escolarización y el desarrollo de los niños.
“Lo que le damos a los niños no es suficiente para llevarlos por el buen camino”, observó Mohammad Abdus Salam, jefe del programa de gestión de crisis humanitaria de BRAC, en diálogo con IPS.
Además, los niños y las mujeres en los campamentos siguen estando en situación de gran vulnerabilidad, observó.
“En especial, son muy vulnerables los niños y las niñas que perdieron a sus padres y a sus tutores porque no hay un programa de largo plazo para ellos”, explicó, además de que muchos siguen traumados y con pesadillas.
Cox Bazar es un foco de narcotráfico y tráfico de personas, un gran riesgo para los menores sin tutores.
El gobierno de Bangladesh y funcionarios internacionales están haciendo grandes esfuerzos para atender la situación en Cox Bazar, el asentamiento de refugiados más grande y densamente poblado del mundo.
Pero Salam reclamó que es necesario formular planes de largo plazo para atender la educación y la salud si le van a dar largas al proceso de repatriación.
“De lo contrario, se perderán muchos niños porque no reciben una protección adecuada”, añadió.
*Con aportes de Nalisha Adams, de Johannesburgo.
Traducción: Verónica Firme
